La detención del ex presidente catalán Carles Puigdemont en Alemania abrió ayer un nuevo debate en el país europeo después de que sus abogados alemanes reclamaran al Gobierno de Angela Merkel que evite la entrega de su cliente a España.
Los abogados Wolfgang Schomburg y Sören Schomburg indicaron en una declaración por escrito enviada ayer, que esperan con independencia al proceso judicial, «que el Gobierno alemán -igual que han hecho ya otros Gobiernos de otros Estados europeos- emplee la posibilidad prevista expresamente por la ley y no consienta la extradición de Carles Puigdemont».
«Las acusaciones son injustificadas. Por ello es evidentemente ilícita la petición de extradición y son patentes las razones políticas de su prosecución penal», denunciaron los abogados del líder independentista, en prisión preventiva desde su detención el domingo en una autopista en el norte de Alemania.
En base a esto, la defensa alemana del político catalán confía en que «la Justicia alemana evite la entrega de Carles Puigdemont a España y le devuelva su libertad».
Desde Berlín guardan silencio. Un portavoz de la cartera de Justicia se limitó a contestar a dpa que el Ministerio no comenta las declaraciones de abogados de procesos en curso. Además, hasta ahora desde el Gobierno han insistido en que se trata de un asunto de la Justicia y en que el conflicto de Cataluña es un asunto español, que debe ser solucionado en el marco de la Constitución de España.
La posibilidad de que el Ministerio de Justicia intervenga en el proceso judicial es improbable. «Antes de la euroorden era normal que un proceso de extradición tuviera una intervención política en último término para valorar si se concedía o no», explicó a dpa el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid Antonio López Castillo.
La orden europea de detención y entrega elimina precisamente la intervención política, aunque, según López Castillo, habría cierta flexibilidad a la vista de que en las 32 categorías de delitos graves contemplados por la orden de detención europea no se incluye el de rebelión, que es el principal delito que se le imputa a Puigdemont.
La Fiscalía General de Schleswig-Holstein, el estado federado donde fue arrestado Puigdemont, analiza actualmente si abrir un proceso de extradición, en cuyo caso el expediente pasaría a manos del Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein, que deberá dictaminar si la extradición está justificada y si cumple con la legalidad.
Para Juan José Solozábal Echavarría, catedrático también en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, sería muy poco probable que un tribunal alemán ponga en duda al Tribunal Supremo español. «Yo no contemplo que las autoridades judiciales pongan en cuestión muy fácilmente lo que está haciendo el Tribunal Supremo», dijo a dpa.
En su opinión, se trata de dos países con muy buenas relaciones, que pertenecen a la Unión Europea (UE). «No tiene sentido que dentro de la UE un Estado ponga en cuestión la actuación de otro Estado», señaló.
Sin embargo, el abogado que coordina la defensa del líder separatista catalán Carles Puigdemont consideró ayer que existen «elementos muy sólidos» para pensar que la extradición de su cliente de Alemania a España «será denegada».
En una entrevista a la radio catalana RAC1, Jaume Alonso-Cuevillas aseguró que el caso «pinta bien» y destacó que la jueza alemana que atendió a Puigdemont le pidió disculpas por no poder «resolver el caso rápido ya que está la Semana Santa en medio».
De momento, Puigdemont parece que cuenta con el apoyo de la opinión pública. De acuerdo con un sondeo publicado ayer en el diario alemán «Die Welt», un 51 por ciento de los alemanes encuestados está en contra de una extradición del líder independentista.
Conscientes del gran gasto que supone la defensa de Puigdemont, ayer se puso en marcha una campaña para recaudar fondos para la defensa del líder independentista catalán y la del resto de miembros de su antiguo Gobierno.
Solo en Alemania, la defensa de Puigdemont cuenta con Wolfgang Schomburg, un prestigioso abogado penalista alemán, ex juez del Tribunal Supremo y con una larga experiencia en tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), en La Haya, y en el de Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania).
