Un 3% de los cambios de compañía eléctrica se hacen sin en el consentimiento del cliente, o al menos, la empresa comercializadora no es capaz de acreditar que ha contado con el permiso del consumidor. El porcentaje podría ser más alto, pues en un 11% existen dudas. Estas ‘mudanzas’ de compañía sin consentimiento expreso también se dan en el sector del gas, aunque con menos frecuencia: no se pueden probar en el 0,9% de los casos y las dudas sobrevuelan un 4% de los cambios de comercializadora.
Así se desprende de un informe publicado este viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras analizar los cambios de compañía de electricidad (más de tres millones de cambios) y gas (alrededor de 930.000) que tuvieron lugar entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016. En concreto, el organismo supervisor ha estudiado unas muestras estadísticas representativas, que totalizan 3.400 casos de cambios de comercializador en gas y en electricidad, a partir de los datos requeridos a las propias empresas.
De la citada muestra se detectaron 33 cambios no acreditados en el sector eléctrico y 12 en el mercado gasista, en ambos casos con Endesa a la cabeza.
“Extrapolando estos resultados, se podría afirmar que durante el periodo de estudio, no sería posible acreditar el consentimiento al menos en un total 40.000 cambios de clientes eléctricos, ni en al menos 4.000 de cambios de clientes gasistas”, explica el regulador de Competencia.
La institución que preside José María Marín Quemada destaca además en su informe que estás prácticas afectan también a los clientes vulnerables, aquellos que tienen derecho a percibir el bono social (durante el periodo analizado, este descuento en el recibo de la luz alcanzaba el 25% de la factura mensual): se detectaron 176 cambios con pérdida del bono social y en once de estos casos, “los consumidores afirmaron haber sido cambiados sin consentimiento o de modo engañoso”.
Por ello, la CNMC insta a “regular los requisitos para que se pueda acreditar inequívocamente el consentimiento de los clientes cuando existen dudas sobre ello”. Además, el organismo regulador exige “establecer la regulación de la contratación telefónica en el caso del sector eléctrico, simétrica a la existente en el sector gasista” y pide a las empresas incrementar los controles a los agentes de venta.
