Los hoteleros han cargado contra el “trato favorable” en materia fiscal que reciben en España plataformas como Airbnb o Homeaway. La guinda que ha desatado el estallido del sector es el requerimiento anunciado esta semana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que el Gobierno modifique o elimine el decreto aprobado en diciembre por el que se exigirá a partir de julio a estas compañías que comercializan viviendas privadas para uso turístico dar información de los pisos y los propietarios.
Según la patronal del sector, el año pasado, en el que se alcanzó un nuevo récord de turismo en España, este tipo de oferta “no reglada” acaparó un 26% del total de turistas “sin que la recaudación obtenida refleje el volumen real de actividad”.
“La oferta turística reglada no puede admitir que se le otorgue una ventaja fiscal a los nuevos entrantes, cuando los que cumplen la legislación turística y han llevado a nuestro país a ser el líder mundial de competitividad, se ven obligados a hacer frente a una carga fiscal superior a la de muchos países competidores, y además observan el trato favorable y discriminatorio a las viviendas privadas de uso turístico”, asegura la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Aboga por una legislación en España similar a la italiana o francesa, que obligan a las plataformas a recaudar e ingresar los impuestos: “es la más apropiada para nivelar las reglas de juego”.
CEHAT había aplaudido en su día el Decreto del Ministerio de Hacienda que incorporaba las exigencias de información a Airbnb, una medida que considera “absolutamente necesaria para disminuir el escandaloso aumento de la economía sumergida en el sector turístico, incluso para muchas de las viviendas que operan con licencia municipal”.
Por ello, no entiende que la CNMC alegue que los datos requeridos que exige el son innecesarios y restringen la competencia. “Cabe recordar que todas las pymes españolas están obligadas a dar esta información y que la mayoría de empresas hoteleras incluso tienen la obligación de transmitir inmediatamente todas sus facturas por vía telemática a los servidores de Hacienda”, explican los hoteleros al respecto.
“Normativas similares existen ya en varios países de la UE sin que hayan sido recurridos por ninguna autoridad de Competencia”, insiste la organización patronal y exige a la Administración “que promueva una legislación para que todas las empresas tengan que cumplir con las mismas normativas fiscales, entre ellos el deber de información”.
