La empresa británica de análisis de datos Cambridge Analytica, relacionada con importantes figuras del sector republicano de EEUU, recopiló sin su consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook con el fin de elaborar perfiles psicológicos e intentar influir en las elecciones políticas. El escándalo está sacudiendo a la red social líder, que habría ocultado la filtración de los datos durante dos años: sus acciones se desinflan en Wall Street, su fundador y CEO está en el punto de mira de las autoridades a uno y otro lado del charco y los analistas advierten que el caso derivará en un aumento de la regulación a las redes sociales y causará un daño en la imagen de la plataforma difícil de reparar.
Los títulos de la compañía llegaron a retroceder alrededor de un 7% en la Bolsa neoyorquina a lo largo de la sesión de ayer, su mayor caída en cinco años, desde el 9,1% que cayó en septiembre de 2012. Poco después del toque de campana, había perdido más de 30.000 millones de dólares de capitalización.
Según dos reportajes publicados en The New York Times y The Observer, Cambridge Analytica recopiló datos personales de 50 millones de perfiles en EEUU y utilizó la información para la campaña presidencial de Donald Trump. Extrajo los datos a partir de una aplicación externa llamada thisisyourdigitallife, creada por el profesor universitario Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge. La empresa de Kogan, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a miles de usuarios por hacer un cuestionario de personalidad con el que, según se afirmaba a los interesados, obtener sus datos para uso académico. Sin embargo, durante este proceso, también recogió información de los amigos de Facebook de los sujetos del estudio (a los que no se les pidió consentimiento), con lo que se lograron millones de datos.
Con esta información, elaboró un programa informático que predijera e influyera sobre las opciones electorales, presentando a cada elector publicidad política personalizada. Los más de 50 millones de perfiles ‘filtrados’ suponen aproximadamente un tercio de los usuarios activos estadounidenses y casi una cuarta parte de los votantes potenciales del país.
Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario y prohíben expresamente usarlos para su venta o para publicidad, por lo que la compañía sostiene que fue una “violación” de los datos por parte de la empresa de análisis. Por su parte, Cambridge Analytica defiende que todo fue legal y que la plataforma lo permite.
Todas las miradas se dirigen a Facebook y su CEO, Mark Zuckerberg. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha asegurado que investigará la presunta filtración de datos y que se trata de una “inaceptable violación de los derechos de privacidad de los ciudadanos”. También las autoridades pertinentes de Reino Unido y EEUU iniciarán una investigación, mientras que varios políticos estadounidenses han exigido que Zuckerberg acuda al Senado para explicar cómo Cambridge Analytica pudo recopilar estos datos personales.
Los analistas ya dan por hecho que, después de este escándalo, se reforzará la regulación sobre Facebook y el tratamiento de los datos personales, pues según Saxo Bank, puede considerar como un asunto de “seguridad nacional”. Los expertos de Wells Fargo coinciden: “podría llevar a una regulación adicional”.
Además, advierten que la filtración de datos conocida causará un grave daño en la imagen de Facebook, pues también ha revelado que la red social “hizo poco” por contener o evitar el problema.
Más impuestos
La revelación del escándalo ha llegado además poco antes de conocerse la nueva tributación a la que estarán sometidos los gigantes de Internet estadounidenses en la UE. Está previsto que mañana la Comisión Europea de a conocer un impuesto a estas multinacionales a escala comunitaria para evitar que tributen en aquellos países miembro con condiciones más ventajosas.
Se espera que la nueva normativa les obligue a tributar en los países en los que obtienen los ingresos de sus actividades y no solamente en aquellos en los que tienen su sede europea. El gravamen podría alcanzar el 3% de los ingresos.
