La patronal de Uber y Cabify recurre ante el Supremo los nuevos requisitos de Fomento para las VTC

Licencias VTC

La patronal de Uber y Cabify recurre ante el Supremo los nuevos requisitos de Fomento para las VTC

Se trata del segundo recurso contra el Real Decreto, tras el presentado por Uber en solitario. Podría llegar un tercero, por parte de la CNMC.

uber coche vtc

Unauto, la patronal de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), entre las que se encuentran Uber y Cabify, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Fomento en diciembre del año pasado que establecen nuevos requisitos para este sector. Se suma así al recurso ya presentado por Uber en solitario hace unas semanas contra las mismas medidas.

Según recoge este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Supremo ha admitido a trámite el recurso y se conceden ahora nueve días “para que puedan personarse en dicho recurso, como demandados, quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida”.

El recurso y su admisión a trámite se conoce después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros rechazara anular las nuevas normas para la explotación de licencias VTC incluidas en el Real Decreto, algo que le había requerido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al entender que las medidas “restringen la competencia de forma injustificada”.

Podría llegar pronto, por tanto, un tercer recurso contra la normativa que restringe las VTC, el del ‘superregulador’, pues el órgano de Competencia que preside José María Marín Quemada ya había advertido de que recurriría los requisitos al Supremo en el caso de que Fomento no atendiera a su petición.

Entre las medidas que han desatado el desencuentro entre Fomento, las compañías VTC y Competencia está la prohibición a compañías como Uber y Cabify de vender las licencias necesarias para la actividad de alquiler de vehículos con conductor en los dos años siguientes a su consecución. Otra de las más polémicas es la obligación de dejar constancia en un registro público de todos los servicios de transporte que realicen.

Más información