El futuro no siempre responde afirmativamente a las hipótesis planteadas desde una suerte de presente estático que se prolonga en el tiempo. No obstante, la crisis de las pensiones sí que tiene características tangibles que permiten vislumbrar el horizonte de esta problemática. Si las políticas públicas no varían en las próximas décadas, los pensionistas perderán entre el 30 y el 40% de su poder adquisitivo para 2038.
La reforma de las pensiones que realizó el Gobierno del Partido Popular en 2013 plantea que la subida anual de las pensiones no sobrepase el 0,25% durante por lo menos 25 o 30 años. Una tendencia que, unida a que la inflación media soportada sea de un 1,5 o de un 2% anual, reducirá drásticamente la liquidez de los pensionistas.
“La cuantía real de una pensión de 1.000 euros mensuales se verá reducida en veinte años a 718 euros o a 585 euros, según la inflación anual sea del 1,5% o del 2%”, asegura el sindicato UGT en un informe que ha realizado. Esos datos hipotéticos se basan en los guarismos que ha reportado la inflación en las últimas décadas.
El promedio de inflación anual durante el periodo 21 años (1997-2017) ha sido del 2,20%. Si se hubiera aplicado una revalorización del 0,25% anual durante esos veinte años, la pérdida de poder adquisitivo habría sido del 39,2%.
Las pensiones han mantenido su actualización al IPC desde 1991 hasta 2011, sobre todo durante los gobiernos socialistas. Sin embargo, la variación del poder adquisitivo desde que gobierna Mariano Rajoy “es negativa al menos en un -1,1%, a pesar de tres años continuados de inflación negativa”, destaca el informe.
El documento de UGT transmite el cálculo de la AIREF, que asegura que entre 2017 y 2023 la pérdida de poder adquisitivo alcanzará el 13%. Siempre y cuando no varíen las políticas pensionistas y de redistribución.
“Ningún país ha implantado un mecanismo de falsa revalorización como el español. Todos los países garantizan por lo menos el poder adquisitivo y generalmente son incluso más generosos (para que las pensiones se beneficien de las mejoras de la economía)”, recuerda el informe de la Unión General de Trabajadores.
A tenor de este sindicato, una parte de las pensiones debe soportarse por los Presupuestos Generales del Estado y debe ser independiente de si los ingresos por cotizaciones son o no suficientes para cubrir la totalidad del gasto en pensiones.
“Desde el punto de vista social es insostenible un mecanismo que devalúe de forma continuada y acumulativa todas y cada una de las pensiones. Y que cree ejércitos de ancianos pobres”, afirma.
