El fichaje del expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso por Goldman Sachs sigue levantando polvareda cuando se cumplen casi dos años desde su desembarco, después de que la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, haya exigido al Ejecutivo comunitario reevaluar si este fichaje es “compatible” con la “integridad y discreción” que deben exigirse a los ex altos funcionarios europeos.
O´Reilly, que ha liderado una investigación de un año sobre posibles casos de mala administración, ha criticado a Bruselas por no imponer una prohibición formal y ha pedido al comité de ética de la Comisión Europea que vuelva a estudiar el caso.
“Volver a plantear el asunto al comité de ética demostrará que la Comisión ha tomado muy en serio la preocupación pública por este asunto y el daño causado a la imagen de las instituciones de la UE pese al trabajo duro y el comportamiento ético de la gran mayoría de las personas que trabajan en ellas”, ha señalado la Defensora del Pueblo.
El también ex primer ministro portugués logró que el comité de ética diese luz verde a su fichaje por Goldman Sachs en 2016, pero la polémica regresó recientemente a los titulares de prensa después de que el actual vicepresidente del Gobierno comunitario Jyrki Katainen reconociera que se había reunido con Barroso el año pasado para discutir temas de comercio y defensa. Aunque registrada como una reunión con Goldman Sachs, Barroso insiste en que fue una reunión privada de carácter personal.
En su informe, O’Reilly señala que “independientemente de la naturaleza y el contenido precisos de la reunión con el expresidente de la comisión, hay preocupaciones comprensibles sobre este incidente, específicamente sobre si el expresidente de la Comisión está usando su estado anterior y sus contactos con antiguos colegas para abrir puertas, influenciar y obtener información”.
Esas preocupaciones no habrían surgido, argumenta la Defensora del Pueblo, si Bruselas hubiera tomado una decisión formal de “imponer las salvaguardias necesarias”.
Barroso ha contestado a O’Reilly a través de su cuenta de Twitter: “No he presionado ni presionaré a funcionarios de la UE”, ha señalado tras aclarar que “las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo publicadas hoy no implican ninguna evaluación legal de mis deberes, como lo ha confirmado en una carta que está disponible en su sitio web”.
