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La Abogacía carga contra la CNMC tras la multa a colegios de abogados por las costas de Bankia

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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“Los honorarios de los abogados en España se fijan libremente, cuestión que es pública y notoria”, destaca la Abogacía Española.

martes 13 de marzo de 2018, 16:18h

El Consejo General de la Abogacía Española ha manifestado su “absoluta disconformidad” con la sanción de 1,455 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a nueve Colegios de Abogados de distintas provincias por, supuestamente, realizar “una recomendación colectiva de precios” tras los juicios de afectados contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

En un comunicado, la Abogacía Española señala que no es cierto que los Colegios Profesionales realizasen recomendación de precios ni directa ni indirectamente. “Los honorarios de los abogados en España se fijan libremente, cuestión que es pública y notoria”, destaca.

El expediente abierto por la CNMC tiene como origen una denuncia presentada por Bankia, entidad que, tras perder numerosos juicios, ha tenido que afrontar el pago de las costas judiciales, es decir los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores y de los peritos de los consumidores.

La determinación de las costas judiciales no se produce únicamente cuando ha perdido el asunto el banco, también se determina en los casos en los que la entidad bancaria gana el asunto. Y su importe no lo fijan los Colegios de Abogados sino los juzgados y tribunales con un informe que los Colegios de Abogados deben emitir con carácter obligatorio, de acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La resolución no es firme y varios de los 9 Colegios sancionados han anunciado ya su decisión de interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en la que contarán con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española, que espera que las autoridades judiciales dejen sin contenido el acuerdo de la CNMC.

El Consejo pone de manifiesto que “crear incertidumbre” en el desarrollo de un servicio público poniendo trabas a la misión que, por ley, tienen encomendada los Colegios de Abogados va a provocar “graves perjuicios al justiciable y al propio desarrollo de la administración de justicia”.

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