Guardias civiles y funcionarios de prisiones se encaran en una manifestación en Málaga

Prisiones

Guardias civiles y funcionarios de prisiones se encaran en una manifestación en Málaga

Los trabajadores de las cárceles piden equiparación salarial y la apertura completa del centro penitenciario de Archidona.

Trabajadores penitenciarios ACAIP Estremera

Funcionarios de prisiones de Málaga y guardias civiles se han encarado este lunes a las puertas de la cárcel de Archidona. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, se encontraban dentro de la prisión que ha sido inaugurada parcialmente.

Esta ha sido una de las principales razones que ha provocado el forcejeo entre funcionarios de prisiones y la Benemérita desplazada al lugar. Los funcionarios se encontraban en el exterior de la cárcel protestando por la apertura parcial del centro penitenciario ya que en esas condiciones, consideran, no se puede realizar el trabajo.

A lo largo de su movilización han tratado de cortar una calle, lo que ha provocado la intervención de la Guardia Civil y unos momentos de cierta tensión.

Esta manifestación se une a la que se celebró el pasado sábado en Madrid, donde trabajadores de todas las prisiones de España se juntaron para exigir el fin de la brecha salarial que se produce entre los diferentes centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.

Para ello, los funcionarios proponen la eliminación de las categorías que tienen los centros penitenciarios basados en supuestos de peligrosidad y una subida de las nóminas para que los empleados de todas las cárceles españolas –salvo las catalanas tienen un estatus especial ya que dependen de la Generalitat al estar las competencias transferidas- cobren lo mismo que los que trabajan en las cárceles del País Vasco y Navarra.

Las cárceles vasco-navarras tienen “categoría especial”, una categoría que se les concedió cuando ETA estaba operativa. Una medida que las organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias han calculado inicialmente que tendría un coste de unos 155 millones de euros.

Más información