“Igual trabajo, igual salario. Mismo Ministerio, igual trato”. Este es el lema con el que trabajadores de todas las prisiones de España se manifiestan hoy en Madrid convocados por los sindicatos CCOO, UGT y ACAIP para pedir al Gobierno que acabe con la brecha salarial que se produce entre los diferentes centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.
Para ello, proponen la eliminación de las categorías que tienen los centros penitenciarios basados en supuestos de peligrosidad y una subida de las nóminas para que los empleados de todas las cárceles españolas –salvo las catalanas tienen un estatus especial ya que dependen de la Generalitat al estar las competencias transferidas- cobren lo mismo que los que trabajan en las cárceles del País Vasco y Navarra que tienen “categoría especial”, una categoría que se les concedió cuando ETA estaba operativa. Una medida que las organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias han calculado inicialmente que tendría un coste de unos 155 millones de euros.
Roberto Bajo, delegado provincial de Madrid de ACAIP explica en declaraciones a EL BOLETIN que están en juego los derechos laborales de 22.000 personas –entre funcionarios y personal laboral- que revindican la “igualdad salarial”, de modo que trabajadores de distintos centros que desarrollen funciones similares tengan las mismas retribuciones finales. Y denuncia que las “retribuciones actuales no se corresponden con la carga de trabajo que actualmente tienen los trabajadores penitenciarios debido al aumento de la población reclusa y la falta de personal”.
Por ello, el representante de ACAIP quiere dejar claro que ellos no hablan de equiparación salarial como policías y guardias civiles sino de igualdad salarial y también recalca que la protesta de los trabajadores penitenciarios no se circunscribe solamente a pedir una subida de sueldos para recuperar los recortes de los últimos diez años, sino que también reivindican un incremento de la plantilla, protección frente a las agresiones, cursos de formación continua y un mayor reconocimiento por parte del Ministerio de Interior puesto que consideran que no se valora lo suficiente el trabajo que realizan y la peligrosidad que conlleva.
Agresiones
Para ello, reclaman una Oferta de Empleo Público que cubra las necesidades reales y acuciantes del Sistema Penitenciario; Garantizar unos sistemas de salud laboral y de defensa de los funcionarios en aspectos tan básicos como, por ejemplo, las agresiones por parte de la población reclusa, para lo cual piden que se les reconozca como agentes de autoridad.
En el apartado de seguridad y salud laboral, el representante de ACAIP pone un ejemplo para ilustrar lo desprotegidos que se sienten los funcionarios de prisiones: “Si tu escupes a un médico en su trabajo se considera un atentado a la autoridad, pero si escupes al médico de una prisión según el protocolo de Instituciones penitenciarias sólo se considera una agresión si hay un daño objetivo. Y si lo hay, ya que por ejemplo te pegan, no es un atentado a la autoridad sino una agresión a un funcionario, cuando nosotros tenemos riesgos distintos a los de las fuerzas de seguridad del Estado pero igualmente importantes”.
También avisan desde ACAIP sobre el envejecimiento de la plantilla, con el dato de que unos 3.000 trabajadores de la platilla tienen una edad media que supera los 45 años, a lo que unen la necesidad de formación continua: “Yo, por ejemplo, hace cuatro años que no hago un curso para apagar incendios, algo que puede poner en riesgo mi vida y la de los reclusos”.
