Los científicos e investigadores han explotado ante lo que consideran el enésimo ataque del Gobierno al i+D español. El colectivo Federación de Jóvenes investigadores (precarios.org), recuerda que en 2011 se aprobó la actual Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación, “recibida como una gran noticia por el colectivo de investigadores predoctorales ya que en ella veían como dejaban de ser considerados (de forma absurda) becarios para ser considerados trabajadores de pleno derecho”.
La norma implicaba adquirir el derecho a cobrar el paro o a cotizar para una futura pensión. Pero el estatus profesional que debía redactar el Ministerio de Economía para que esta ley se activara nunca llegó. Se trata del “Estatuto del personal investigador en formación” (EPIF), que según la Ley de la Ciencia debía estar listo en dos años como máximo.
Sin él, los investigadores llegaron a 2017 con un 36% menos de financiación que antes de la crisis, más de 90.000 empleos perdidos en el sector y otros 30.000 científicos formados en España que se fueron a al extranjero a investigar.
El colectivo de predoctorales celebraba, no obstante, que a mitad de 2017 las reclamaciones del sector lograron llegar a una mesa a la que sentarse junto a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) para redactar los estatutos que podrían mejorar la situación de miles de profesionales del i+D.
Esa norma tiene capacidad, entre otras cosas de regular salarios, categorías profesionales, números de horas de docencia y otros aspectos como la conciliación familiar o el derecho a ser indemnizados al final de los contratos.
Desde entonces “han sido casi nueve meses de negociaciones en los que han participado diferentes ministerios, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), los sindicatos y las asociaciones de investigadores”, explican desde FJU/Precarios.
Las negociaciones dieron como fruto un texto en el que, aunque no se recogían todas las reivindicaciones de los investigadores, todas las partes cedían para generar un borrador que mejorase la situación
“Nuestra sorpresa llegó la primera semana de febrero cuando desde la SEIDI se nos hace llegar el borrador definitivo en el que pudimos contemplar que toda las modificaciones surgidas de la negociación habían sido totalmente obviadas”. Los científicos denuncian que la versión final de los estatutos que les ha presentado el Ministerio es “idéntica a la primera versión planteada por la SEIDI y, por lo tanto, los nueve meses de esfuerzo negociador y de integración de los colectivos no han servido para nada”.
La situación vuelve a cero, los investigadores reúnen firmas para defender sus demandas y el grupo de Izquierda Unida se suma a las reivindicaciones: Alberto Garzón, líder de la formación, ha pedido la comparecencia en el Congreso de forma urgente el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, y explique si piensa hacer algo para corregir este “progresivo abandono de la Ciencia española”.
A través de su responsable federal de Ciencia y Universidad, Carmen Domínguez, la formación “saluda y respalda absolutamente” la iniciativa para denunciar la grave situación de abandono que arrastra la investigación en nuestro país y que impulsan en change.org profesionales y portavoces de colectivos vinculados/as al mundo científico, con más de 35.000 apoyos en unos pocos días.
Domínguez advierte de que “a ese mismo Gobierno del PP con su machacona propaganda de la recuperación económica le resulta imposible ocultar por más tiempo los perversos efectos del desmantelamiento económico y humano que ha impuesto a la Ciencia”.
IU critica que “la derecha haya decidido afrontar la presunta salida de la crisis con un modelo de desarrollo basado otra vez en el ladrillo, los empleos de baja calidad y los ‘contratos basura’, mientras las empresas innovadoras han pasado de 39.000 a 19.000 y las patentes se han reducido en un 60%”.
