Imputado el exalcalde del PP de Navalcarnero por un presunto desfalco de 30 millones

Corrupción

Imputado el exalcalde del PP de Navalcarnero por un presunto desfalco de 30 millones

El actual consistorio recuerda que hay más causas pendientes y cifra el "expolio" en la localidad en 700 millones de euros.

Esperanza Aguirre y Baltasar Santos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero ha dictado apertura de juicio oral contra el exalcalde de esta localidad Baltasar Santos, del PP, así como a la antigua interventora municipal Teresa Hermida por el caso conocido como las ‘Cuevas del Concejo’.

Se trata de una construcción realizada bajo el casco histórico del municipio pero que presuntamente no contó ni con proyecto técnico ni presupuesto y que, según valora el actual consistorio, supuso un un desfalco a las arcas municipales de cerca de 30 millones de euros.

En el auto de apertura de juicio oral, fechado a 13 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Navalcarnero declara órgano competente para tomarles declaración al Juzgado de lo Penal de Móstoles correspondiente, señalando para el próximo 27 de febrero a partir de las 10 horas el interrogatorio de ambos.

A Santos y Hermida se les ha fijado una fianza de 1,5 millones euros que tendrán que depositar en el plazo de un día después de ser notificados “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”. En caso de no presentarla les serán embargados bienes suficientes para hacer frente a esta cantidad, informa la agenda.

El Ministerio Fiscal considera que ambos acusados son responsables de un delito continuado de prevaricación, por lo que reclaman sendas penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La denuncia fue interpuesta por los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Navalcarnero en febrero de 2011. Tras la entrada del PSOE en el nuevo Gobierno (en coalición con Cambiemos y un concejal independiente) y tras ser aprobado por el Pleno, el Ayuntamiento tomó el relevo como acusación particular.

El consistorio ha pedido igualmente nueve años de inhabilitación por cada uno de los delitos continuados de prevaricación; cuatro años de prisión y un día e inhabilitación absoluta de diez años por un presunto delito de malversación de especial gravedad; un año de prisión y tres meses y multa a razón de 200 euros diarios por un presunto delito urbanístico, así como un año de prisión y tres meses de multa a razón de 200 euros diarios por el delito urbanístico.

Además, también reclaman un año y tres meses de prisión y multa de dieciocho meses a razón de 200 euros diarios por un delito sobre el Patrimonio Histórico; un año y tres meses de prisión y mula de dieciocho meses a razón de 200 euros diario por el delito de daños en bienes de valor histórico y en yacimientos arqueológicos; y pena de prisión de tres años e inhabilitación especial de dos años para Baltasar Santos por un presunto delito de falsedad en documento público.

El actual Ayuntamiento cifra en 700 millones el “expolio”

Sin embargo, esta fianza contra el exalcalde se suma a la conocida la semana pasada en la que el Tribunal de Cuentas solicitó a Santos, a cuatro concejales de su Gobierno, a un antiguo técnico municipal, una empresa y un director de obra que depositaran más de 10 millones de euros por diversas irregularidades en su gestión y ante un posible delito de alcance por responsabilidad contable, entre ellos el caso de un polideportivo pagado pero sin edificar y de pagos no justificados a la concesionaria de la Plaza de Toros.

El Ayuntamiento de Navalcarnero, tras el cambio de Gobierno, puso en marcha una Comisión de Investigación permanente para determinar las causas y los responsables del “expolio y saqueo al que fue sometido el municipio durante los 20 años de Gobierno del Partido Popular”, según ha detallado a través de un comunicado el propio Consistorio.

Como resultado de estas investigaciones, señalan que están en marcha nuevas querellas cuyo objetivo fundamental es “recuperar el dinero que nunca tendría que haber salido de las arcas municipales”, y que el actual ejecutivo cifra en cerca de 700 millones de euros.

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