El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado a varios organismos, entre ellos el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), información relacionada con la gestión de Banco Popular, así como informes de riesgos sobre la entidad realizados por sus competidores desde 2017.
En un auto que recoge la agencia Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 requiere cerca de 80 documentos relacionados con diferentes aspectos de la administración, desde el gobierno corporativo, a las actas de los Consejos celebrados entre 2014 y el pasado 7 de junio, fecha de la resolución, así como detalles de las auditorías internas y externas.
Según consta en el texto, el magistrado ha pedido al Banco de España una copia del llamado ‘Plan Sunrise’, con el que la entidad pretendía crear su propio ‘banco malo’ mediante el traspaso de unos 6.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos.
También datos relativos a las retribuciones percibidas por los consejeros y directivos del grupo en los dos últimos ejercicios, informes elaborados con motivo de la ampliación de capital de 2016 objeto de investigación, así como sobre la liquidez de emergencia (ELA) que el BCE proporcionó al Popular y la decisión de éste de declarar al banco “próximo a la quiebra”. De igual modo, el organismo deberá remitir información a efectos de seguimiento vinculada a la solvencia, el riesgo crediticio y las provisiones con las que contaba la entidad.
El juez Andreu, que atiende así las pretensiones del abogado Felipe Izquierdo, personado en la causa como acusación particular, insta al BCE para que aporte toda la documentación recabada en los últimos dos años en los que asumió sus labores de supervisión.
A la Junta Única de Resolución (JUR), que acordó en Europa la resolución del Popular y la posterior venta del banco al Santander por el precio simbólico de un euro, requiere el informe completo de Deloitte que orientó la operación y del que recientemente se ha conocido una versión no confidencial.
El propio Banco Popular deberá remitir las actas de todas las reuniones del Consejo de Administración celebradas entre enero de 2014 y junio de 2017, detalles de los sueldos percibidos por sus consejeros y directivos, informes de auditoría externa y una relación de sociedades en las que participaba, entre otros. Asimismo, deberá hacer lo propio con el estudio sobre la valoración de la entidad a efectos de venta, los ‘cuadernos de venta’ realizados ya durante la presidencia de Emilio Saracho, a fin de que el juez pueda comparar dichos registros con el proceso elegido.
Precisamente de la adquisición tendrá que responder el Santander, al que solicita las valoraciones tanto previas como posteriores a la operación, y las ofertas que pudiera haber formulado en los últimos dos años. Mientras que pide a otra entidad, Morgan Stanley, cualquier información emitida a solicitud de Bankia, relativa al estado financiero del Popular, para analizar su compra.
