Hay modas que siempre vuelven pero la de atacar al impuesto de sucesiones y donaciones regresa mucho más a menudo que las hombreras. Las palabras de Albert Rivera en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómico han revivido el debate sobre lo que el líder de Ciudadanos considera un impuesto “obsoleto”.
La gran tesis de sus detractores es la consideración del impuesto como un tributo injusto porque grava dos veces algo que ya es tuyo. Pero desde la descentralización que permitió a cada región reducir o bonificarlo en una especie de carrera fiscal a la baja entre autonomías, el gran reproche de los críticos es la desigualdad entre españoles a la hora de heredar. “Bastante jodido es morirse para encima decidir dónde te mueres”, expresaba Rivera hace una semana en Zaragoza.
El Partido Popular fue el gran alentador de campañas ‘anti sucesiones’ que ha empujado a varias regiones a modificar sus umbrales de gravamen. Y junto a plataformas ciudadanas han denunciado un supuesto aumento de las renuncias a herencias porque sus beneficiarios no podían pagar el impuesto correspondiente en los años más duros de la crisis.
Corrieron ríos de tinta sobre presuntos aluviones de contribuyentes que se trasladaban a Madrid desde Cataluña, Aragón, Castilla y León o Baleares para adelantar sus donaciones a la posible llegada de un gobierno de PSOE y Podemos en Madrid o ante el siempre inminente plan de Hacienda para reformar la financiación autonómica, que por cierto nunca llega.
Los datos del Consejo General del Notariado, sin embargo, desmontan todo este decorado dirigido a enfurecer a las clases medias y bajas contra un impuesto que en su mayoría no pagan los herederos directos de primeras viviendas. La realidad es que el porcentaje de renuncias a herencias en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno del PP mantiene bonificado al 99% el gravamen, es muy parecido al de la media española.
Es decir: a pesar de que la región que hoy gobierna Cristina Cifuentes ha abolido en la práctica el tributo, en Madrid sigue habiendo tantas renuncias a herencias como en el resto de España y su número evoluciona a la par del conjunto del país. Desde 2015, entre un 9,1% y el 9,8% de los herederos en Madrid rechazan percibir la transmisión de bienes que les corresponde. A nivel nacional, las renuncias eran entre el 9,8 y el 10% para los mismos años.
El abandono de herencias comenzó a crecer en toda España entre 2011 y 2012, con el rigor de la post burbuja y todo su elenco de fatalidades asociadas a la propiedad: impagos hipotecarios, embargos y demás deudas de la vivienda, parte vital en el ámbito de las herencias familiares.
En Canarias, la autonomía que menos grava por heredar y paradigma de la campana ‘anti sucesiones’, las renuncias son más que en la media española. En el primer semestre de 2017, últimos datos disponibles, el 10,8% de los herederos canarios renunciaron a sus bienes y patrimonio en una región que no cobra el denostado impuesto. La media nacional fue del 10,5%.
Es cierto que en Andalucía y Asturias, que han vivido el rigor de los esfuerzos del PP para demonizar el impuesto, el porcentaje de renuncias es mayor: unos tres puntos más en Andalucía y hasta cinco puntos más en Asturias. Pero la evolución ha sido constante, muy marcada por los azotes de la crisis, el crecimiento de las deudas de los contribuyentes que dejan herencia y desligadas de las rebajas impositivas.
¿Se abandonan las herencias por no poder pagar el impuesto de sucesiones? En Andalucía, PSOE y Ciudadanos han acordado que los parientes directos dejarán de pagarlo por recibir herencias de hasta un millón de euros por heredero desde este 2018, por lo que los efectos de la esa rebaja no pueden evaluarse aún.
Pero sí los de la anterior: el impuesto se cobraba en la región andaluza hasta fin de 2016 a las transmisiones hereditarias que superaran los 175.000 por heredero. Díaz y Rivera pactaron aumentar el umbral a 250.000 euros a inicios del 17. Según los datos del Notariado, las renuncias a herencias en Andalucía han pasado del 13% en 2016 al 13,9% del año siguiente. Es decir, se eliminó el impuesto para la gran mayoría de herederos pero las renuncias aumentaron.
Extremadura, otra de las más señaladas por alta presión impositiva, se plantea extender la actual bonificación del 99% para ciertos casos y parentestos a todas las herencias más habituales, con una Junta intimidada por las campañas y recientes modificaciones en Andalucía. Sin embargo, el porcentaje de renuncias a herencias en Extremadura ha sido durante toda la década notablemente más baja que la de Madrid y que la media del país. En 2015, un,8,5% de herederos extremeños renunciaron a sus bienes y un 8,4% al año siguiente, casi un punto menos que en Madrid.
