El Ayuntamiento de Manuela Carmena pasó a la acción ante la venta de viviendas públicas a fondos buitre que realizó la exalcaldesa Ana Botella. Para ello, presentó una demanda en noviembre ante el Tribunal de Cuentas por la operación que, a su entender, estaba infravalorada. El organismo decidió abrir un procedimiento. Y el PP ya ha mostrado su deseo: que la querella quede “en nada”.
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado su confianza en que el procedimiento abierto no tenga consecuencias. En este sentido, el conservador ha apuntado que tiene “total confianza” en la anterior Junta de Gobierno que dirigió Botella.
De hecho, Martínez-Almeida ha asegurado que entienden que “desde luego no tienen ninguna responsabilidad jurídica ni contable” por la venta. El portavoz del PP ha afirmado que todo se debe a una “vendetta” y a una “cacería” del equipo de Carmena. De esta manera, ha exigido a la alcaldesa que se centre mejor “en solucionar los problemas de los madrileños”.
“Se deberían centrar en las irregularidades del Open de Tenis y de BiciMAD por las que van a tener que responder tres concejales de Carmena ante los tribunales y no tanto en la cacería a gobiernos anteriores”, ha criticado Martínez-Almeida, tal y como ha recogido Europa Press.
Bruselas y la Justicia madrileña se mueven
Por el momento, según publicó El Mundo, la compañía de seguros que tiene contratada el Consistorio madrileño ya ha dado su opinión sobre el caso: rechaza cubrir los gastos de defensa del Gobierno de Botella por esta venta, al tiempo que se niega a cubrir una posible indemnización que se pueda exigir a los implicados por el daño patrimonial. Carmena reclamó a estos exdirigentes un total de 130 millones de euros por la operación.
Por su parte, el caso también llegará a Bruselas. La Comisión Europea, el pasado mes de diciembre, aceptó la denuncia del PSOE para que las autoridades europeas examinaran la venta de estas viviendas públicas que realizó el Ejecutivo del PP. Asimismo, a mediados de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid aceptó reabrir la causa matizando que la transacción “se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación” y “sin estudios o tasaciones previas que fijaran dicho valores”.
Es más, los magistrados consideraron que fue el fondo buitre ganador de la compra quien puso el precio de los inmuebles “y no la EMVS”. Así, la Justicia madrileña decidió retomar el conflicto judicial al apreciar que la venta de los 1.860 pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo por 128 millones de euros “fue una cifra objetivamente inferior” a la que podría haberse obtenido en el mercado “e incluso al mero valor contable de las viviendas”.
