Primeras reacciones de los afectados por Banco Popular después de que el pasado viernes la Junta Única de Resolución (JUR) hiciese públicos parcialmente los informes en los que basó su decisión de que la entidad entrase en proceso de resolución.
A pesar de que la documentación aportada no es total, con cifras y algunos párrafos tachados por ser confidenciales, la asociación Apabanc señala que el informe apunta a que los acreedores y los bonistas del Popular podrían haber obtenido mejor tratamiento bajo los procedimientos de insolvencia normal, un dato clave para los procesos judiciales en curso.
“Si se acredita que la liquidación del Popular fue por motivos de solvencia patrimonial y no sólo por motivos de liquidez, la posibilidad de éxito de una demanda civil por nulidad es cada vez más probable”, señala Ricard Torres, presidente de la asociación. “A esta demanda contra Banco Popular podrían acudir los afectados que subscribieron acciones de la ampliación de capital a principios de 2016 -o que compraron en periodos próximos a esta fecha- es más que probable”.
Apabanc señala también que para el resto de accionistas de Banco Popular, o accionistas “históricos”, la vía adecuada es la penal. De hecho Apabanc ha presentado recientemente una querella ante la Audiencia Nacional contra la entidad, en representación de más de 150 accionistas, por los delitos de falsedad contable, insolvencia punible y estafa contra el mercado y los consumidores.
El pasado viernes, la JUR publicó la documentación “no confidencial” sobre el Popular, incluyendo el informe de Deloitte. De acuerdo con este informe, la auditora contempló tres escenarios posibles para realizar su valoración sobre el banco: en el más optimista de todos se le daba una valoración positiva de 1.300 millones de euros y en el más pesimista de -8.200 millones. En el escenario base la valoración era también negativa, de -2.000 millones de euros.
