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CSIF denuncia la pérdida de 17.800 empleos públicos en “el peor enero de los últimos cuatro años”

Los 10.000 empleos que se pierden en enero elevan a 60.000 los puestos destruidos desde el final de verano
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Los 10.000 empleos que se pierden en enero elevan a 60.000 los puestos destruidos desde el final de verano

El sindicato alerta que 10.000 de estos empleos se destruyeron en Sanidad a pesar de "la presión asistencial por las enfermedades del invierno".

viernes 02 de febrero de 2018, 12:37h

CSIF denuncia que las administraciones públicas han perdido un total de 17.818 efectivos con el comienzo del 2018 (- 6.181 en el sector administración pública; -1.613 en la Educación y -10.024 en la Sanidad), lo que supone el peor dato de destrucción de empleo en enero de los último cuatro años, según ha este sindicato a partir de los datos de la Seguridad Social conocidos hoy.

La organización sindical afirma que “esta cifra pone en evidencia la precariedad en el empleo de nuestras administraciones públicas, principalmente ligado a los niveles de interinidad, que no es razonable en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar y protección social” una situación que –a juicio del sindicato, pone de manifestó la necesidad de desarrollar el plan de estabilización en el empleo que se firmó el pasado mes de marzo con el Ministerio de Hacienda.

Por ello, este sindicato trasladará su preocupación al titular de este ministerio, Cristóbal Montoro, en la reunión que se celebrará el próximo lunes, donde señalará la necesidad de agilizar las ofertas de empleo público en todas las administraciones.

CSIF llama la atención sobre el dato registrado en el sector sanitario. Los 10.000 empleos que se pierden en enero, elevan a 60.000 el número de puestos de trabajo destruidos desde el final de verano, una cifra que no se concibe teniendo en cuenta la presión asistencial que se afronta estos días por las enfermedades ligadas al invierno.

En este sentido, CSIF reclama al Gobierno que unifique criterios con las comunidades autónomas para garantizar que se estabilicen todas las plazas previstas y que garantice el desarrollo de las ofertas de empleo público, mediante la aprobación de un decreto en el Congreso de los Diputados, en el caso de que no sea posible aprobar unos presupuestos para el próximo año

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