El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha vaticinado una “enorme litigiosidad” entre empresas privadas y administraciones y organismos públicos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la indemnización por Castor y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizara el pago a los bancos que poseen los derechos de cobro de la compensación.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones después del fallo del TC, Nadal se ha limitado a asegurar que “lo más previsible” es que comience una batalla judicial, sin dar más detalles sobre las medidas que podría tomar el Gobierno tras el dictamen que declaró “nulos e inconstitucionales” varios artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que reconocía la indemnización de 1.350 millones de euros.
Ayer mismo, se conocía que la CNMC ha paralizado los pagos Banco Santander, Bankia y Caixabank, las entidades que poseen los derechos de cobro de la indemnización del proyecto del almacén de gas.
En su último informe sobre la liquidación provisional del sector gasista, el organismo regulador señala que “como consecuencia de la anulación del artículo 5, se paralizan los pagos destinados a materializar el derecho de cobro contenido en este artículo y sus titulares dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones”. Además, explica que “se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista”.
El Gobierno de Mariano Rajoy fijó en 2014 el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, la concesionaria del proyecto, participada en un 66,7% por ACS. El grupo que preside Florentino Pérez recibió entonces el importe.
En 2015, los tres bancos adquirieron al operador del mercado del gas, Enagás, los derecho de cobro de la compensación, a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. El pago de estos derechos, que asciende a unos 80 millones de euros anuales, se cargó a los consumidores en el recibo del gas por un plazo de 30 años.
“Tenemos una inversión que en su día se había fijado como retribuida y que ahora el Tribunal Constitucional dice que no y, por lo tanto, la CNMC actúa en consecuencia no retribuyendo”, ha asegurado al respecto el ministro de Energía, según recoge Efe.
Las eléctricas asumirían el coste del cierre de las centrales nucleares
Además, Nadal ha apuntado durante su comparecencia que planteará al Congreso un cambio normativo para que la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares pase de la empresa pública Enresa a las compañías privadas propietarias de las plantas.
Para hacer frente al coste, las empresas contarían con la parte correspondiente del fondo que Enresa tiene dedicado a financiar el cierre de las centrales nucleares, que ya contempla de las aportaciones de las eléctricas.
