Desde la rúbrica del primer Tratado de Comercio Bilateral moderno en 1959 se han negociado más de 3.000 de acuerdos de comercio e inversión de los que 2.200 siguen vigentes. Eso sin contar con las miles de disposiciones y capítulos de protección de inversiones derivadas de estos caballos de Troya de la legislación comercial planetaria, que generan a su vez cientos de relaciones bilaterales adicionales.
En 2018, un estudio asociado a la OCDE reconoce que no hay datos suficientes para valorar “los supuestos beneficios y costes sociales” de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII, tratados entre países que incluyen protección de las inversiones). Buena parte del total de movimientos de capital y bienes entre estados funciona hoy bajo el amparo de estos pactos, pero no existe un inventario uniforme de sus ventajas e inconvenientes medio siglo después de su aparición.
El estudio del analista especializado en tratados de comercio Joachim Pohl examina esta falta de pruebas sobre paquetes legislativos que tanta polémica han generado recientemente en la UE, en casos como el TTIP, el CETA o el TiSA. En “Beneficios y costes sociales de los acuerdos internacionales de inversión. Una revisión crítica de la evidencia empírica disponible”, el experto muestra que “la amplitud y complejidad del tema, la falta de evidencia empírica y las condiciones específicas de cada área impiden cualquier evaluación general definitiva sobre los beneficios y costes sociales de los AII”.
En este sentido, su evaluación arroja ciertos hallazgos nacidos de la propia dificultad de evaluar los tratados. En primer lugar, destaca que las evidencias que existen se refieren solo a contextos específicos de los que no se pueden extrapolar más conclusiones, a menudo referentes a acuerdos entre una economía avanzada y otra en desarrollo.
Además, la información disponible es desigual según el fenómeno que englobe el acuerdo: “Por ejemplo, los costes fiscales están mejor y más específicamente documentados que los beneficios económicos”, explica el autor, apuntando en parte a los retos metodológicos que supone el análisis: “Esta falta de uniformidad en la información puede dar lugar a percepciones sesgadas” sobre la relación costes/beneficios sociales de los tratados.
Luego está la opacidad: el análisis confirma alta probabilidad de que “mucha de la información relevante” para conocer las consecuencias de los acuerdos no esté disponible de manera pública. Esto contribuye, según el autor, a que distintos actores puedan tener opiniones encontradas sobre los mismos fenómenos.
También manifiesta la tardanza en la evaluación: los hallazgos disponibles se refieren a los acuerdos internacionales más antiguos. A esto se suma que los diseños de la nueva generación de tratados son distintos precisamente para modificar y optimizar esos supuestos costes y beneficios sociales. “No está bien documentado si las características de los nuevos tratados alteran los resultados de los anteriores”, concluye el análisis. Porque por lo general, además, “hay muy poca información sobre las correlaciones entre las características del diseño de los tratados y sus consecuencias”, expone el experto de la OCDE.
Es consciente de que el debate público sobre los méritos e inconvenientes de los AII “ha acelerado el interés en el tema” desde multitud de focos, pero considera que casi cualquier opinión sigue en cuarentena: “Las aseveraciones sobre los costes y beneficios sociales de los tratados deben hacerse con gran precaución” por el momento porque, tanto partidarios como detractores deben esperar a que se cierren “las grandes brechas que actualmente existen en su comprensión”, concluye el estudio.
Pérdidas por falta de uso
Por otro lado, según otro reciente informe de la agencia del a ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y la Cámara de Comercio de Suecia, la UE sigue sin explotar hasta 72.000 millones de euros que podrían salir del potencial de los acuerdos de libre comercio en los que participan sus estados miembros.
Esa millonaria cantidad es lo que los exportadores europeos pagaron de más al no aprovechar al máximo las tarifas reducidas que ofrecen tratados que en muchas ocasiones la UE ha firmado en bloque con economías de todo el mundo y países en vías de desarrollo.
“Este informe desafía algunos mitos sobre la utilización de posiciones preferentes en los acuerdos de libre comercio», sostienen en el prefacio del informe la secretaria general de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, y Anna Stellinger, directora general de la Junta Nacional de Comercio de Suecia.
Los datos empíricos del informe indican que las empresas europeas aprovechan principalmente los TLC para aventajar a otros países. Pero también que su implementación en las fronteras puede llegar a ser demasiado engorrosa.
