El sindicato de funcionarios CSIF saluda la oferta de empleo que ha anunciado este lunes la Administración General del Estado pero lamenta que sus efectos apenas se notarán debido al envejecimiento de la plantilla.
Calcula que este año se jubilarán unos 4.000 funcionarios del Estado al alcanzar los 65 años de edad. En este sentido, el sindicato recuerda a Hacienda que si pretende aumentar la plantilla funcionarial y que los ingresos superen a las jubilaciones debería “agilizar los procesos selectivos y a afrontar ya la oferta de 2018”.
CSIF subraya el balance de edades de este cuerpo de empleados en la actualidad: alrededor de un 60% tiene más de 50 años y unos 50.000 funcionarios ya superan los 60 años de edad, por lo que las oleadas de jubilaciones seguirán siendo tan intensas como este año y más.
“Por este motivo, CSIF considera que la oferta de empleo público para 2018 debe tener una tasa de reposición superior al 100% (actualmente está en el 50%), para que ingrese en la Administración un número superior de efectivos que las jubilaciones que se produzcan este año y garantizar así su viabilidad”, pide el sindicato.
Recuerda que desde 2010 la AGE ha perdido casi 39.000 trabajadores y que los últimos números de la Encuesta de Población Activa (EPA) son los peores de la serie histórica del Ministerio (desde que se empezó a publicar el boletín estadístico, enero de 2005) al dejar la plantilla en 202.345 trabajadores y trabajadoras.
“En la hipótesis de que se mantuviera este ritmo de destrucción de empleo, esta sería la última generación que habrá conocido nuestro modelo de Administración General del Estado”, advierte CSIF.
Por ámbitos, según los mismos datos, se han perdido 30.577 puestos de trabajo en ministerios, 4.492 en la Seguridad Social y 2.686 en la Agencia Tributaria. El sector de Prisiones se mantiene estancado en 22.000.
CSIF ha convocado concentraciones, el próximo 31 de enero en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y en el complejo de los Nuevos Ministerios (Madrid), por la recuperación del poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos y la equiparación salarial de la Administración General del Estado con comunidades autónomas. En estas concentraciones también se reclamará a Hacienda que ponga en marcha la oferta de empleo público para este año.
