El Gobierno, e incluso el mismo Mariano Rajoy en persona, mantuvieron contactos con los magistrados del Tribunal Constitucional durante el sábado para trasladarles su máxima preocupación de cara a una posible investidura del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont.
Según la información que publica este lunes el diario El País, el Ejecutivo transmitió “a quienes tenían que tomar la decisión” la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la Cámara catalana.
Las fuentes del Gobierno a las que ha accedido el diario del grupo Prisa aseguran que “no hubo presiones porque ningún miembro del Tribunal Constitucional lo permitiría, pero sí trasladaron el dramático cuadro en el que quedarían enmarcadas las instituciones democráticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar después”.
Según esas personas próximas a Mariano Rajoy, el Ejecutivo apeló a “razones de Estado” a la hora de contactar con los magistrados.
Después de la decisión que había tomado el Consejo de Estado el miércoles de la semana pasada, tumbando el recurso del Gobierno contra la investidura telemática, el Ejecutivo se encontraba presa del “miedo y el vértigo”, al sentir muy de cerca la posibilidad de que Puigdemont pudiera investirse como president de la Generalitat desde la distancia.
Finalmente, la decisión del Constitucional dejó satisfecho al Gobierno y molestos a los independentistas, que acusan al Estado de una presunta ausencia de separación de poderes.
