Oxfam Intermón puso ayer el foco sobre la creciente desigualdad que amenaza a economías avanzadas como España en el contexto de la supuesta recuperación económica. Sus datos sostienen que las rentas más altas se benefician hasta cuatro veces más que los más pobres de la mejora económica del país.
Algo similar ocurre con la parte de “gastos” del sistema fiscal español: según la OCDE con datos recabados por la ONG, hasta el 20,4% de las transferencias públicas van a parar al 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre sólo recibe el 4%. Supone que el decil más alto recibe hasta cinco veces más en conceptos como subsidios, becas, prestaciones y cualquier otro influjo público directo para la redistribución de la riqueza.
En el informe “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría”, Oxfam constata que, según el último informe de la Comisión Europea sobre el impacto de la política fiscal en el reparto de ingresos, publicado hace apenas unos días, España es, conjuntamente con Italia, el país de la Unión Europea donde el decil más pobre se beneficia menos de las transferencias sociales.
“Las transferencias en efectivo, de baja cuantía y deficiente concepción, apenas contribuyen a la reducción de los elevados niveles generales de pobreza y la pobreza infantil”, apunta la OCDE, que critica que aunque “las transferencias ayudan a reducir la pobreza, son bajas y benefician generalmente a la población más acomodada” en España.
Con datos de 2013 y 2014, el Estudio Económico de la OCDE para España en marzo de 2017 alerta especialmente de la pobreza infantil: “Las ayudas públicas para las familias son escasas. El gasto social por niño es inferior al promedio de la OCDE y es especialmente bajo en la primera infancia, con un gasto bajo en ayudas en efectivo a las familias y en servicios públicos para el cuidado infantil. Las ayudas en efectivo a las familias representaban únicamente el 0,5% del PIB en 2013, un dato muy inferior al promedio del 1,2% de la OCDE, y que puede aumentarse aún más teniendo en cuenta la elevada tasa de pobreza infantil”, explicaba el análisis.
La OCDE cree que la mejora de los servicios públicos de cuidado infantil no sólo contribuirá a aliviar la pobreza de los menores al reducir los costes de este tipo de servicios para las familias que más lo necesitan, “sino que además contribuirá a conseguir una mejor conciliación laboral y familiar, promoviendo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y potenciando la educación de primera infancia -cuyos beneficios en materia de rendimiento escolar posterior están bien documentados-”.
Inequidad también en la recaudación
En la otra parte de la balanza, el de la recaudación, la inequidad también es patente: De acuerdo con el segundo informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles de FEDEA, en 2014 el 20% de la población más pobre pagó de promedio un 28,96% de su renta en impuestos, una cifra superior a la del resto de quintiles, y sólo superada por el 10% más rico.
De esta manera, nuestro sistema fiscal se sitúa como uno de los sistemas con peor capacidad de redistribuir de la Unión Europea. Se encuentra el cuarto por la cola después de Bulgaria, Letonia y Lituania, y lejos del promedio europeo. Y esto hace que en España, los impuestos y transferencias reduzcan la desigualdad de mercado en un 30%, mientras que el promedio de la Unión Europea se sitúa en el 40%.
Según Oxfam, el sistema fiscal español también contribuye a generar desigualdad, entre otras razones porque son los asalariados los que soportan mayormente el sistema tributario, frente a empresas y capital. Mientras que el 83% de la recaudación fiscal en 2016 provino del IVA, el IRPF y otros impuestos pagados fundamentalmente por familias, el impuesto de sociedades aportó el 12% de la recaudación total; diez puntos menos que en 2007.
La desigualdad que lastra España
Otro informe que golpeó ayer el optimismo económico español es la situación de nuestro país en el Índice de Desarrollo Integrador (IDI) que elabora el Foro de Davos. Según este indicador, España es el país número 26 de 29 estados avanzados en su capacidad de reducir desigualdad y desarrollar un sistema inclusivo. Esa nota empeora la posición española según el PIB per cápita, donde ocupa el puesto número 23.
Según el Foro Económico Mundial, que mide con el IDI tres pilares (crecimiento y desarrollo; inclusión y equidad intergeneracional y administración sostenible de los recursos naturales y financieros), España es el vigésimo quinto país según la inclusión, el vigésimo cuarto en crecimiento y desarrollo, y en el vigésimo segundo en equidad intergeneracional.
