Tras suspenderse el juicio 48 horas, se retoman las vistas por el caso Gürtel sobre la financiación ilegal del PP valenciano en la época del expresidente Francisco Camps. La suspensión fue solicitada por el número dos de la trama, Pablo Crespo, y apoyada por la defensa del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’. Pedían tiempo para alcanzar un pacto con el la Fiscalía a cambio de tirar de la manta en el caso, como ya hicieron los empresarios imputados en la red y el propio cabecilla, Francisco Correa.
Hoy, el abogado de Crespo, Miguel Durán, ha explicado al inicio de la vista que «este lapso no ha dado resultado para la negociación» y no se ha firmado ningún pacto de colaboración entre la Fiscalía y el número dos de la trama. Los fiscales quieren escuchar sus declaraciones antes de optar por un trato que disminuya los años de cárcel que piden para ellos. Aguardan, por tanto, esos “hechos relevantes” prometidos por las defensas de Crespo y ‘El Bigotes’, sobre la trama para financiar con dinero en B de empresarios afines las campañas electorales del PP en 2007 y 2008.
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Crespo y 27 para Pérez por delitos electorales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Después de que los empresarios acusados de financiar irregularmente las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 admitieran los hechos para conmutar sus penas de cárcel por multas, Correa afirmó que era el propio PP valenciano el que ordenaba girar las facturas falsas por trabajos para el partido desde Orange Market a las constructoras que participaban en la financiación ilegal.
Correa también espera una rebaja de la pena que solicita la Fiscalía, de 22 años de prisión, por colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Ricardo Costa es ahora el principal foco político de estas confesiones: el expresidente general del PP en la Comunidad de Valencia y número dos de Camps como ejecutor de la orden política: “Fue Ricardo Costa quien nos dijo que facturáramos a los empresarios los actos del PP”, manifestó Correa.
De producirse la confesión de Crespo y ‘El Bigotes’ más de la mitad de los imputados en esta pieza de la Gürtel habrán optado por colaborar con el caso a cambio de pactos con Fiscalía. De la veintena de personas imputadas, ocho empresarios, Correa y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, ya han admitido los hechos por los que se les acusa.
Y, como informa Europa Press, sería la primera vez que los líderes de las empresas de la Gürtel señalan directamente la responsabilidad de altos cargos del PP.
El escrito de acusación de la Fiscalía afirma que el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.
