Ecologistas en Acción exige al Gobierno de Mariano Rajoy que cancele definitivamente su plan de construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas, al entender que la última sentencia judicial puede ser el varapalo definitivo y significar el fin del proyecto. Exigiendo al Ejecutivo que cese en su empeño e interrumpa las actividades de búsqueda de un emplazamiento definitivo para el cementerio nuclear.
Se refiere la ONG ecologista a la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM) que invalida el planeamiento urbanístico que posibilitaba la construcción del dicho almacén nuclear en Villar de Cañas, dando la razón así al Gobierno de Emiliano García-Page que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de esta localidad conquense, que fue aprobado con el Gobierno en funciones de su antecesora, María Dolores de Cospedal.
Ecologistas destaca que el Plan de Ordenación Municipal es indispensable para poder construir el cementerio nuclear en Villar de Cañas, por lo que frena la construcción del ATC, aunque no olvida que cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Sin embargos desde Ecologistas son optimistas ya que consideran que “sería extraño que el Supremo tuviera criterios diferentes del TSJCM, además de que esto supondría la acumulación de más retrasos”, un hecho que, junto con la protección ambiental de los terrenos, constituye un obstáculo insalvable para la construcción del ATC en Villar de Cañas. Subrayando este último aspecto: que la instalación se ubicaría “en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos, tal como muestran los informes de la consultora independiente URS y de la pro propia área de Ciencias de la Tierra del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)”.
Por ello, consideran que la sentencia “acaba con el empeño del Gobierno de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear”. Recordando que el proyecto de Villar de Cañas impulsado durante la presidencia de Cospedal ha supuesto el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía”. Y que se han licitado contratos e instalaciones pagados por la empresa pública Enresa, que gestiona los residuos radiactivos en España.
