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Órdenes de desahucio en los pisos públicos vendidos a fondos buitre en Las Rozas

José de la Uz Pardos, alcalde de Las Rozas
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José de la Uz Pardos, alcalde de Las Rozas

El muncipio gobernado por el alcalde del PP y apuntado por la Púnica José de la Uz vendió 400 pisos de protección municipal a Fidere en 2015.

viernes 05 de enero de 2018, 12:01h

Una veintena de inquilinos de lo que antes eran pisos de protección municipal en Madrid van a ser desahuciados por el fondo de inversión al que el Ayuntamiento de Las Rozas vendió una promoción de 400 viviendas públicas.

Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente de los afectados, Luis Martínez de Eguilaz: son 23 los vecinos que se negaron a firmar los nuevos contratos de alquiler propuestos por Fidere, el fondo ‘buitre’ comprador de los pisos. Quince de ellos ya han recibido las demandas de desahucio y esperan que al resto les lleguen en próximos días.

El portavoz vecinal explica que en mayo de 2017 se cumplieron los siete años de plazo que tenían los adjudicatarios para ejercer la opción a compra de los pisos. De no aceptar esa opción y si querían seguir viviendo en las casas tenían que firmar el contrato de alquiler en el que el fondo de inversión les planteaba una subida de 300 euros mensuales, de forma progresiva en tres años.

Según los afectados, además de la subida de la renta de casi un tercio más del alquiler actual, el contrato incluía cláusulas “desproporcionadas” que los vecinos “no podían asumir”.

Critican que la opción de comprar los pisos es injusta porque “estaba sobreinflada”, a “precios de 2006”: “Había mucha gente que no tenía ahorros suficientes para afrontarla o que les negaron la hipoteca. No tenemos por qué irnos del municipio. Estos pisos se construyeron en suelo público con un objetivo concreto. Lo que no se puede hacer es que hayan terminado en manos de un fondo de inversión que lo que busca es maximizar sus beneficios sin importarle quién vive ahí”, denuncia el portavoz según la agencia de noticias.

“Nosotros no hemos aceptado las nuevas condiciones y nos han presentado demandas de desahucio. Por el momento, unos 14 vecinos las hemos recibido, con el dossier completo, donde nos van a pedir que nos vayamos de las casas. Nos hemos negado y puesto el asunto en manos de un abogado. Estamos a la espera de que fijen las fechas del juicio”, ha señalado.

Aunque esas condiciones por el Plan de Vivienda Joven estaban en disputa antes de la venta de los pisos, el lote de más de 400 pisos se vendió en 2015 a Fidere. La justicia investiga si el alcalde de este municipio, José de la Uz, prevaricó al dar luz verde a la venta de 400 viviendas protegidas a Fidere, propiedad del fondo estadounidense Blackstone, tras la denuncia de vecinos. Es un caso que recuerda a la polémica venta de 1.800 viviendas de propiedad pública que la alcaldía de Ana Botella enajenó a favor de estos llamados 'fondos buitre' y que ha llegado a la justicia europea tras pasar por los tribunales españoles y el Tribunal de Cuentas.

Hace menos de dos semanas, De la Uz volvió a las portadas por su inminente citación como imputado en la trama Púnica. Se le investiga por a una donación a Fundescam que podría haber acabado financiando ilegalmente las campañas del PP madrileño. No en vano José de la Uz es actualmente miembro de la ejecutiva del partido que ya dirige Cristina Cifuentes.

De pisos públicos a alquileres de 1.000 euros

El portavoz ha explicado que cuando fueron adjudicatarios de las viviendas, el alquiler estaba fijado en una media de 700 euros mensuales, para un piso de 55 metros, pero que con el nuevo contrato, el precio será de más de 1.000 euros.

“Son pisos de protección oficial, que es por lo que accedimos, ya que cumplíamos los requisitos, al no poder afrontar los precios que había. Ahora nos notifican que no podemos seguir, dándonos un contrato que es inasumible”, denuncia, apuntando que “después de muchos años aquí” deberían cambiar de municipio y sus hijos de colegio.

Además, el portavoz de los afectados ha indicado que unos 150 pisos de los pisos de la urbanización “están vacíos” porque en mayo, cuando concluyó el plazo para ejercer la opción a compra, solo 135 personas decidieron comprar, entre 50 y 60 firmaron contrato de renovación, y otros 50 han entrado con las nuevas condiciones. “La urbanización está sufrie

Los afectados creen firmemente que el objetivo de Fidere es que los pisos queden sin sus actuales inquilinos para venderlos “a su máximo beneficio”.

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