El estanque de ‘ranas’ de Cifuentes rebosa tras la dimisión de Canalda

Comunidad de Madrid

El estanque de ‘ranas’ de Cifuentes rebosa tras la dimisión de Canalda

Distintas tramas de corrupción han azotado a políticos próximos a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

Las ‘ranas’ son para el PP de la Comunidad de Madrid lo que las bicicletas para el verano. La dimisión este jueves de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid tras su imputación en el ‘caso Lezo’ provoca un nuevo traspié en el sendero del Gobierno de Cristina Cifuentes.

“He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana” fue una de las frases que dejó Esperanza Aguirre para la posteridad. Una oración que, sin embargo, no solo se circunscribe a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. La actual mandataria de la región, Cristina Cifuentes, también está rodeada por un estanque lleno de ‘ranas’.

La imputación de Arturo Canalda por el ‘pelotazo’ dado en 2001 en Colombia a través del Canal de Isabel II es la última firma de una lista que sigue creciendo.

La lista interminable de ‘ranas’

Este año han sido varios nombres y cargos públicos los que han tenido que dejar su puesto por su vinculación a tramas de corrupción. El viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz y el consejero de esa misma cartera, Jaime González Taboada, han dimitido en 2017 por su relación con la trama Púnica.

Un caso judicial que lleva años señalando a cargos electos del PP de Madrid y que dibuja una etapa política llena de opacidad e irregularidades. El director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, tuvo que dejar su puesto al aparecer señalado en el sumario judicial de la Púnica.

El que fuera alcalde de Móstoles y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortíz, dimitió del mismo modo que López Jimeno después de conocer su imputación formal. El juez de la Púnica imputó hasta seis delitos a Ortíz, entre ellos cohecho y fraude a la administración pública

Esa misma causa planea sobre otro diputado popular en la Asamblea de Madrid, Bartolomé González. La imputación sobrevuela sobre este después de que el cabecilla de la trama (David Marjaliza) declarase ante la Justicia que el exalcalde de Alcalá de Henares (el señor González) pidió una comisión de 60.000 euros a la empresa Cofely

A inicios de este año, el 2 de enero, la presidenta regional fichó como asesor técnico del gabinete de la presidenta regional a Miguel Ángel Garzón. Un cargo que ocupó de manera ‘express’: el 21 de ese mismo mes, el que fuera hombre de Juan Soler (exalcalde) en Getafe fue destituido del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras ser imputado por el ‘caso Teatro’.

Otro de los políticos que tuvo un paso fugaz en el mandato de Cifuentes fue Borja Sarasola. De hecho, su condición de aforado le sirvió para evitar una primera declaración ante el juez Eloy Velasco. El parlamentario fue citado a declarar el 15 de junio de 2015, pero su ‘privilegio’ le salvó. Al poco de recoger su acta de diputado, renunció a su puesto en la Asamblea de Madrid alegando volver a la empresa privada.

El diputado José Cabrera fue otro que renunció a su acta después de negarse a presentar su declaración de bienes. Ignacio Echeverría hizo lo mismo después de conocerse que sufrió un accidente de tráfico tras conducir ebrio triplicando la tasa de alcoholemia y María Jesús Martín Nieto, directora del Área Económica, Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social, dimitió tras conocerse que logró un piso del Plan Joven en 20 días sin figurar en la lista de aspirantes.

Miguel Ángel Santamaría Novoa, fue cesado como asesor taurino de la Comunidad de Madrid cuando fue notificada su imputación por un delito de prevaricación y las sospechas se centran de un tiempo a esta parte en dos diputadas más de la bancada popular de Cifuentes.

La sombra de la corrupción planea sobre María Josefa Aguado e Isabel González. A la primera de estas, el juez de la Gürtel, José de la Mata, elevó a la Justicia madrileña –encargada de retirarle el aforamiento- una exposición razonada contra la diputada popular. Finalmente, el TSJM recogió el testigo para investigarla y la parlamantaria tuvo que dejar su acta de diputada. En cuanto a Isabel González, hermana del expresidente de la región, Ignacio González, al estallido del ‘caso Lezo’ varias miradas judiciales apuntaron a ella y a las conversaciones que mantenía con su familiar.

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