La vida es lo que pasa entre la medianoche del 7 de septiembre (Ley del Referéndum) y las elecciones convocadas por Mariano Rajoy del 21 de diciembre. El ‘procés’ ha monopolizado tanto la atención de los medios – y de los ciudadanos – que por momentos pareció no existir nada más allá de Cataluña en este 2017. Jornadas históricas, maratones televisivos, discusiones tabernarias y un resultado electoral que cuestiona el orden de las acepciones que contiene la RAE para la palabra ‘procés’: 1.Acción de ir hacia delante. 2. Transcurso del tiempo.
La mirilla subjetiva con la que se observa la cuestión catalana invita a cada uno a agarrarse a la acepción que considera oportuna. Sin embargo, hay muchos tangibles que invitan a creer que más que un paso hacia delante, el procés – y el anti-procés – ha acabado siendo un transcurso del tiempo hacia atrás. Un retorno constante al inicio.
Representantes políticos en la cárcel, diputados que ayer animaban a la unilateralidad afirmando hoy que la DUI fue un error, ánimos recentralizadores que se expanden por el territorio, pintadas amenazantes contra Anna Gabriel e Inés Arrimadas, gente concentrada en Cibeles cantando cara al sol sin rubor alguno y empresas que huyen dejando claro que el independentismo ‘low cost’ no existe.
El envite entre la Generalitat y el Gobierno se ha ido sucediendo apoyado en presuntas legitimidades (acción – reacción) que durante mucho tiempo dejó sensaciones de triunfo y derrota en cada uno de los bloques.
El independentismo, victorioso en las elecciones, cree haber demostrado las costuras de un sistema – el del 78 – que, presuntamente, no da más de sí. Sin embargo, si lo ha conseguido, lo ha hecho gobernando exclusivamente para una parte, prometiendo un futuro en el jardín de las delicias y dividiendo a la sociedad catalana. Ahora parece que la nueva legislatura (¿presidida por Puigdemont tras el ‘sorpasso’ a ERC?) tendrá menos días históricos y más diálogo bilateral.
El Gobierno, por su parte, sintió durante un tiempo haber puesto en vereda a los independentistas y haber mantenido el orden constitucional a golpe de martillazo judicial. No obstante, lo hizo a riesgo de dejar por el camino a más de dos millones de personas, las mismas que el pasado 1 de octubre se acercaron a un centro electoral para depositar un voto en una urna y que el 21 de diciembre revalidaron la mayoría independentista. Un 21-D que constató el fracaso de la política de no diálogo de Mariano Rajoy.
Si existe un actor político derrotado en este 2017 es el PP catalán. Tres escaños para un partido que teme que el éxito de Ciudadanos – el gran triunfador del año – pueda extenderse por todo el territorio español y debilite el gobierno de Mariano Rajoy. Un resultado poético a la vista del uso político que durante años ha dado el PP a Cataluña y que ahora puede acabar con su hegemonía.
Por la razón o la fuerza
La madrugada del 6 al 7 de septiembre, tras una aparatosa y bronca sesión, el Parlament de Cataluña daba ‘luz verde’ a Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y a la Ley del Referéndum. Los partidos independentistas, ante la falta de respuestas desde Madrid, deciden tomar su propio camino legal. El 1-O está a la vuelta de la esquina.
El Tribunal Constitucional declara ilegales estas dos leyes y, por tanto, el referéndum convocado para el primer día de octubre no puede producirse. El Govern hace oídos sordos y organiza la consulta entre registros (¿dónde están las urnas?), detenciones, movilizaciones masivas, conatos de conflicto entre los Mossos y la Guardia Civil y, finalmente, encarcelaciones, como la de ‘los Jordis’.
El Gobierno desplaza a Cataluña un operativo policial nunca visto en democracia. Más de 5.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se trasladan (“a por ellos”) a la zona para garantizar que se cumpla la ley y las órdenes judiciales. No solo no consiguen evitar la fotografía de miles de personas votando sino que, además, obtienen otra: una señora mayor ensangrentada tras la actuación policial.
El 1-O llega – con la connivencia de los Mossos – y la probable desproporción de algunas actuaciones policiales otorga al independentismo un triunfo emocional con el que no contaba. La fuerza de las imágenes de agentes requisando violentamente urnas se expande por la red y la prensa internacional tuerce el gesto hacia la acción del Gobierno, que reacciona horas más tarde – un mundo – llamando al repliegue de las fuerzas de seguridad.
La emoción vuelve a dar aire al independentismo, que aprovecha lo sucedido el 1-O (donde votaron menos del 42% de los llamados a hacerlo) para tratar de legitimar una declaración unilateral de independencia.
Entre amagos, ruegos y amenazas del 155, la DUI llega finalmente el 27 de octubre. Poco más que la mitad del Parlament deciden en voto secreto que Cataluña debe declararse y constituirse como una nueva República independiente. Lo hacen instantes después de que el Senado, a la misma hora, y el mismo día, decidiera ejecutar por primera vez en democracia el artículo 155 de la Constitución.
Mariano Rajoy intervenía y cesaba a todo el Govern de la Generalitat, disolvía las cortes catalanas y convocaba elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. De este modo, el Gobierno se hacía cargo de la Generalitat días antes de que la Audiencia Nacional decidiera encarcelar a parte de los consellers cesados y Carles Puigdemont se refugiara en la justicia belga junto a otros consellers.
A partir de entonces, ningún reconocimiento internacional, empresas (más de 2.000) que huyeron de Cataluña y políticos soberanistas – divididos para el 21D – reconociendo que fueron demasiado lejos, o que llegaron demasiado pronto. Cataluña, sencillamente, no estaba preparada para ser un Estado independiente. Ni de hecho, ni de reconocimiento.
Desde el Estado tampoco ha llegado una mano que tiende, una distensión palpable en sus actos. La competición entre PP y Ciudadanos por conquistar el ala derecha (al fondo a la derecha) del electorado español impide al Ejecutivo mostrar una cara más amable que, antes de la expansión de Ciudadanos por el territorio, tampoco mostraba.
El resultado de las elecciones autonómicas, con la victoria del bloque independentista, unidas a la primavera nacionalista que no solo afecta a Cataluña, sino a miles de balcones de España que arrojan sus banderas frente a las otras, consolida un sistema polarizado en Cataluña donde dos millones de personas chocan contra otras dos millones.
El conflicto de bloques y la apelación al ‘voto útil’ ha debilitado a las posiciones intermedias, referenciadas particularmente en Ada Colau y, en menor medida, en Miquel Iceta. Comunes y socialistas tienen ante sí una legislatura donde no son determinantes, a menos que ERC y Junts per Catalunya opten por acercarse a ellos para evitar relaciones con la CUP.
Cataluña llega al 2018 como comenzó 2017. Un regreso al futuro donde los partidos independentistas siguen gobernando con mayoría absoluta. Lo hace con sus líderes ‘exiliados’ o en la cárcel y con el partido de la oposición, que representa todo lo contrario a ellos, como primera fuerza del Parlament.
