Sin seguridad no hay libertad

Especial 26 Aniversario

Sin seguridad no hay libertad

No es posible disfrutar de libertad si no disponemos de garantías en la seguridad.

Guardia civil

No es posible disfrutar de libertad si no disponemos de garantías en la seguridad. La inseguridad impide el ejercicio de las libertades y los derechos. Por eso es necesario que el monopolio legítimo de la fuerza se encuentre de manera exclusiva y excluyente a cargo de los poderes del Estado, y con garantías procesales. Es parte del contrato social, que por mayoría hemos decidido admitir.

En España esta concepción se ha desarrollado en dos nociones bien definidas, que son por un lado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, formadas por Guardia Civil y Policía Nacional, y por otro lado el Cuerpo de Policía Local, dependientes de los ayuntamientos de cada municipio. Pero a este despliegue debemos añadir un tercer apartado que complica el modelo policial español: los cuerpos policiales autonómicos. Las policías autonómicas de País Vasco -Ertzaintza-, Cataluña -Mossos d´Esquadra-, y Navarra -Policía Foral- son sustitutivos de las Cuerpos de Seguridad Estatales, Guardia Civil y Policía Nacional, en cada respectiva Comunidad Autónoma. Pero además, también existen cuerpos policiales complementarios, aquellos que sin llegar a sustituir, forman un cuerpo policial adicional en determinadas zonas. Es el caso Canarias y el Cuerpo General de la Policía Canaria.

¿Pero hay más? Sí, aún hay más en esta amalgama que se ha ido desarrollando en nuestro modelo de seguridad pública. Y es que existen cuatro comunidades autónomas que disponen de cuerpos policiales adscritos a la Policía Nacional, y que son: Valencia (Policía de la Generalidad), Andalucía (Unidad de Policía de Andalucía), Galicia (Unidad de Policía Autónoma de Galicia), y Aragón (Unidad de Policía Autónoma de Aragón). Además tenemos el caso del Principado de Asturias, que tuvo a la Unidad de Policía Adscrita del Principado de Asturias. Esta policía entró en funcionamiento en noviembre de 2006, pero debido a diversos conflictos y disputas entre el gobierno autonómico y el estatal, desapareció en enero de 2014, siendo sus miembros reincorporados nuevamente a la Policía Nacional.

Retomando la idea inicial, sobre la base de que sin seguridad no hay espacio para las garantías de nuestras libertades y derechos, debemos reflexionar y configurar un nuevo modelo de seguridad pública lo mas eficiente posible, concepto de obligado cumplimiento para las administraciones públicas. Y es que este año que dejamos atrás ha venido marcado por numerosos incidentes relacionados con la seguridad pública, donde por supuesto los atentados ocurridos en Cataluña, en el mes de agosto, ha sido lo más acusado. Y con los atentados, la aparición de viejos fantasmas, por las lagunas y contradicciones aparecidas durante las primeras horas del terrible suceso, así como durante la investigación, poniendo nuevamente, al igual que ocurriera durante los atentados del 11-M en Madrid, en evidencia las debilidades de coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. Durante siete días vivimos atemorizados bajo las acciones del terrorismo yihadista. El doble atentado en Cataluña, Barcelona y Cambrils, dejó 16 muertos y más de 120 heridos, además de cinco terroristas abatidos.

Todo comenzó en Alcanar, un pequeño municipio de apenas diez mil habitantes situado en Tarragona, donde una explosión se cerró como una investigación ordinaria a consecuencia de una detonación de gas domestico. Sin embargo luego supimos que se debió a la manipulación de explosivos con los que los terroristas tenían intención de provocar una gran masacre, y que precipitó los hechos de las Ramblas en Barcelona. Recordemos que una petición de investigación de la Guardia Civil sobre los Mossos fue rechazada en las primeras horas de la investigación. Posteriormente también supimos, aunque de manera informal pero fehaciente, que desde Bélgica se alertó a los Mossos de que el cerebro de los atentados, el imán de Ripoll, regresaría a Barcelona. Este imán ya había sido investigado en 2006 en una operación contra el yihadismo en una mezquita de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Incluso, en el mes de noviembre nos enterábamos por la prensa de que el CNI había mantenido contacto con el cerebro de los atentados de Cataluña, entre 2010 y 2014.

De nuevo más incertidumbre y descoordinación al conocerse el funcionamiento del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, donde quienes gestionaron de manera exclusiva las primeras horas de los atentados de Cataluña no tenían acceso a este fichero policial. Por tanto, difícilmente se podía hablar de coordinación y eficacia en grado óptimo si quienes tienen competencias en materia terrorista quedan fuera de la estrategia y toma de decisiones en esta materia tan sensible.

Pero, además, es que esta base de datos funciona bajo el principio de buena fe de cada cuerpo policial, quien ha de compartir la información aplicando criterios deontológicos frente al riesgo de que la información contenga sesgos o sea compartida tan solo parcialmente, pues nadie ajeno a cada cuerpo supervisa esta actividad. Además existe la Oficina Europea de Policía -Europol-, creada en 1999, encargada de ayudar a las autoridades policiales y judiciales de los diferentes países de la Unión Europea a combatir la delincuencia internacional y el terrorismo, pese a no estar debidamente integrada en las diferentes policías de nuestro país, cuestión en la que no profundizaremos en este artículo por problemas de espacio.

Con todo esto, ya debe el lector haber llegado a la conclusión, o al menos a plantearse la duda, sobre si España necesita una reforma en su Ley Orgánica 2/86, que es la norma que regula el marco operativo de nuestra seguridad pública.

Pero sin casi tiempo de asimilar estos fallos de coordinación policial el desafío independentista llegó a nuestra vidas para ocupar portadas y telediarios de manera preferencial, desde mediados de septiembre, y de manera irremediable nos llevará hasta finales e incluso inicios del próximo año. Otra vez a debate la forma de actuar de un cuerpo policial, los Mossos d´Esquadra, recibiendo críticas por su actuación el 1 de octubre, día del referéndum ilegal en Cataluña, al comportarse de manera muy laxa, cuando menos, ante el mayor desafío vivido en nuestra democracia. Por ello, el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, tuvo que acudir el 4 de octubre a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por un presunto delito de sedición en el contexto de las investigaciones sobre el acto del referéndum de independencia de Cataluña, siendo destituido de su cargo por el Gobierno a finales de ese mismo mes.

De manera paralela a estos asuntos, surgía un debate social también relacionado con las Fuerzas de Seguridad, pero en un término diferente: la desigualdad de recursos asignados, que se traduce en peores medios y en una brecha salarial que padecen los cuerpos estatales con respecto a los autonómicos. Esta discriminación, que siempre ha sido denunciada por asociaciones y sindicatos policiales, aunque de manera recurrente fuera escondida en el cajón de los olvidos por todos los gobiernos, para volver en modo de promesa electoral cada cuatro años, ahora se hace pública y notoria. El desafío independentista, y la actuación de los Mossos, sin duda han colaborado a que la sociedad se solidarice con esta reivindicación mostrada por guardias civiles y policías nacionales.

La respuesta llega en modo de nueva promesa de equiparación salarial por el ministro del Interior, pero sin aportar datos económicos ni plazos en el calendario, cuestión que genera gran recelo entre los agentes y que tan solo servirá, en caso de no ser solventada, para crear una frustración difícil de canalizar si no se alcanza la prometida equiparación salarial entre Guardia Civil y Policía Nacional con Mossos y Ertzaintza.

Pero desde luego, si algo está claro es que la paciencia para soportar promesas incumplidas ha llegado a su fin. El conflicto debe ser resuelto haciendo justicia con los agentes y sus familias que, sin causa que lo justifique, perciben un menor salario por realizar mismas funciones, con el hándicap de hacer frente a la seguridad de todo un país, y no tan solo de una comunidad autónoma.

Junta Directiva Nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Más información