La sentencia publicada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictamina que Uber es un servicio de transporte podría tener efectos en la factura fiscal de la compañía, pues tendrá que tributar los beneficios obtenidos por llevar a pasajeros de un sitio a otro en el país en el que realiza la actividad, como cualquier otra empresa del sector.
Uber opera en España bajo la sociedad Uber Systems Spain, que se dedica únicamente a actividades de marketing y comunicaciones, como intermediario de servicios ‘on demand’. La facturación de las comisiones a los conductores por los viajes que se realizan en nuestro país se traslada a la matriz Uber International Holding BV, de Holanda, donde las empresas cuentan con mayores ventajas fiscales.
Esta estructura fiscal, similar a la de otras multinacionales tecnológicas, le permitió pagar solamente 28.395 euros por el impuesto de sociedades en España en 2016, al declarar únicamente 83.401 euros de ganancias, según las cuentas anuales depositadas por la sociedad en el Registro Mercantil.
Pero, como explica a EL BOLETÍN el despacho de abogados SBC, que representa a la Asociación Profesional Elite Taxi de Barcelona en el caso que ha dado lugar a la sentencia del TJUE, el reciente dictamen judicial pondrá en jaque este esquema tributario. El fallo del tribunal con sede en Luxemburgo considera que Uber ofrece un servicio de intermediación, pero que éste “forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte” y, por lo tanto, concluye que no responde a la calificación de “servicio de la sociedad de la información”, sino a la de “servicio en el ámbito de los transportes”.
Hasta ahora, a efectos fiscales Uber no era una empresa de transporte en España, pero al definirse oficialmente el ‘encaje’ de la compañía, la situación podría cambiar. “Como cualquier otra empresa de transportes, Uber genera rendimientos económicos por trasladar a pasajeros de un punto a otro, y estos tienen que tributar en el lugar donde se realiza la actividad”, afirma al respecto la abogada Montse Balagué, de SBC Abogados Asociados.
¿Qué pasa con las licencias?
Los portavoces de la multinacional estadounidense en España aseguran que el dictamen “no tiene implicaciones prácticas para la operativa de Uber” en nuestro país, pues desde 2016 opera con licencias VTC, las necesarias para el alquiler de vehículos con conductor.
Sin embargo, según explica el citado despacho de abogados, los titulares de estas autorizaciones son los conductores, no la compañía, lo que tras el fallo del TJUE podría suponer un problema más para Uber: “Como servicio de transporte quien presta el servicio es la empresa, por lo que es quien tiene que tener la licencia”.
“Con quien cree que está contratando el servicio el usuario a través su móvil es con Uber, no con el conductor, que puede variar en cada viaje. El usuario da el número de su cuenta bancaria a Uber”, sostiene Balagué.
