Hace poco más de un año (1 de diciembre), Banco Popular anunciaba que Emilio Saracho, entonces alto ejecutivo de JP Morgan en Londres, era el elegido para presidir el banco tras un ‘motín’ que se cobraba la cabeza de Ángel Ron. Esos días fueron tan tumultuosos que el fichaje se anunció incluso antes de firmar el contrato, lo que permitió al banquero tener todos los ases de la baraja en la negociación.
Según publica hoy el diario El Mundo, que cita documentos sobre el nombramiento del banquero, Saracho percibió cuatro millones de euros tan solo por “aceptar” la presidencia, por lo que hubiera recibido ese dinero incluso si los accionistas se hubiesen opuesto a su nombramiento o si, algo más improbable, lo hubiese hecho el BCE.
“El banco conoce que el señor Saracho ha tenido que cesar en su anterior empleo como consecuencia de haberse hecho pública la designación como Presidente Ejecutivo del Banco y la firma del correspondiente contrato”, señala el documento citado por el diario, que añade que “por esa razón, se hace necesario acordar determinados derechos a favor del señor Saracho que compensen las consecuencias de la eventualidad de que, antes de su designación como Presidente Ejecutivo, se produzcan determinados acontecimientos”.
Así, “de forma excepcional, el Banco se compromete a abonar al señor Saracho con ocasión de su aceptación del cargo de Presidente Ejecutivo y en un solo pago la cantidad de cuatro millones de euros”. Finalmente asumió el cargo el 20 de febrero y permaneció hasta el 7 de junio en que cayó el banco y fue entregado al Santander.
Saracho, que asumió su cargo el 20 de febrero y se vio obligado a dejarlo el 7 de junio, se llevó 1,5 millones de euros y pagos en forma de seguros de salud, un seguro de vida por valor de 1,5 millones y, además, 30.000 euros para “asesoramiento fiscal de su traslado de residencia a España”. La entidad financiera le pagaría un bonus anual de hasta otros 1,5 millones adicionales y a aportar dos millones de euros, a razón de 500.000 euros anuales, durante el tiempo del contrato, un límite de cuatro años.
