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La estrategia de Ignacio González para torpedear el caso del ático

Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
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Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid

Su abogado usa los mismos argumentos que el PP en el caso Naseiro para tratar de evitar que el Juzgado de Estepona acceda a las pruebas requisadas en el caso Lezo.

jueves 14 de diciembre de 2017, 12:21h

El abogado que defiende al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el 'caso del ático' de lujo de Estepona ha 'copiado' la estrategia de la formación conservadora en el 'caso Naseiro' para evitar que al menos tres pruebas requisadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Lezo' puedan utilizarse en la investigación que desarrolla la juez Isabel Conejo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, según revela hoy vozpopuli.com.

Recuerda el citado medio online que el 'caso Naseiro' lo instruyó en la Comunidad Valenciana el juez Luis Manglano, que pretendió investigar en 1990 la financiación del PP, cuyo tesorero era Rosendo Naseiro. Y explica que el magistrado obtuvo evidencias de la financiación presuntamente irregular del PP en unas grabaciones realizadas en el marco de una causa de narcotráfico en la que estaba implicado el hermano del concejal del PP Salvador Palop. Unas grabaciones que fueron anuladas, ya que no habían sido obtenidas para investigar al PP. Y eso es justo lo que argumenta el abogado de Ignacio González: que los documentos que requisaron los agentes de la UCO –en el curso de la Operación Lezo- los obtuvieron sin el respaldo de un auto de la juez de Estepona.

Los documentos en cuestión –que reclama el letrado de la acusación de los extrabajadores de Telemadrid, Javier Carnerero- y en los que se alude a a la compra del ático de lujo de Estepona (Málaga) son tres según el citado digital: En concreto se trata de “13 hojas tamaño cuartilla con anotaciones referentes al asunto del ático de Estepona y otras cuestiones” y de “una nota impresa relacionada con la declaración de Ignacio González en el Juzgado de Estepona con anotaciones manuscritas”, según consta en el escrito del letrado, que alude a documentación requisada por la UCO el 19 de abril pasado en una de las viviendas de González.

Carnerero también solicitó a la juez Isabel Conejo de Estepona que reclamara un tercer documento, en concreto un sobre con once folios que contenían "un requerimiento de la autoridad judicial en inglés titulado: Civil and Administrative Court número 5 of Estepona (Málaga)", que fue interceptado durante el registro de un edificio propiedad del exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta Luis Vicente Moro Díaz.

Sin embargo, según vozpopuli.com, “el abogado defensor de Ignacio González en el 'caso del ático', Antonio Navas Martínez, considera que la juez de Estepona no debe reclamar a la Audiencia Nacional estos tres documentos, que según esta versión fueron hallados de forma “casual” durante los registros ordenados por el juez Eloy Velasco, al considerar que su utilización no estaría amparada por el auto de entrada y registro de la Audiencia Nacional.

“Cuyo contenido no es objeto de investigación en la causa donde se intervino, y no está amparado en resolución judicial habilitante, lo que sería motivo suficiente para no admitir la unión a este proceso, por su procedencia ilícita”, resalta el defensor de González.

Y señala que el escrito del letrado Navas Martínez sostiene que los documentos son “anotaciones personales que se encuadran dentro de la estrategia de defensa personal e íntima del investigado, por lo que su contenido, de unirse a la presente causa, podría afectar, dependiendo del contenido concreto, al Derecho fundamental de defensa entre los que se integra el derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo”.

Además, el letrado destaca que el actual instructor del 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, dictó el pasado 19 de octubre, una resolución en relación a la documentación intervenida en los registros que pudiera "afectar gravemente a la privacidad de las partes y deban ser excluidos de la publicidad general del procedimiento”. Entre estos documentos se encontrarían las tres pruebas que reclama ahora la acusación de los extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid.

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