La crisis de Estado en Cataluña ha sido un auténtico examen para la izquierda que tenía que mostrar una posición clara ante las graves consecuencias de una cadena de decisiones ilegales culminada con la DUI. También podía escapar poniéndose de perfil para evitar “contaminarse” del artículo 155 de la Constitución y compartir una posición de responsabilidad en defensa del Estado de Derecho con Rajoy y Rivera.
Es evidente que apoyar la aplicación del 155 no ha sido una decisión fácil para Pedro Sanchez al tratarse de una medida excepcional con riesgos por su complejidad jurídica y por ser el Gobierno del PP quien debía gestionar su aplicación. Pero: ¿cuál era la respuesta adecuada a la proclamación unilateral de la república catalana por el bloque secesionista, despreciando la legalidad constitucional y tras rechazar, Puigdemont, la opción de convocar elecciones anticipadas para volver a la legalidad? ¿No hacer nada?
Podemos no respondió a esta pregunta elemental. Por contra, se abrazó a la ambigüedad modelo Colau y ahora no pierde oportunidad para atacar a Pedro Sánchez, acusando al PSOE de estar en un bloque monarquico a la vez que desorbitan el alcance del 155. No estamos ante un artículo 155 que, según Aitor Esteban, portavoz del PNV, “se aplique de modo tan amplio y extensivo que se carga el Estado de Derecho”. Tampoco estuvo afortunado Pablo Echenique al decir que “con el 155 se suspende la democracia en Catalunya y España.” ¡Y se quedó tan ancho!
No ha sido inocente la actitud obsesiva de quienes, tras legitimar la disparatada consulta del 1-O y servir de soporte al bloque secesionista, acusan al PSOE de apoyar al Gobierno de Rajoy, cuando lo que hacemos los socialistas es apoyar al Estado de Derecho. Porque sería un error que la izquierda se desentendiera y dejara como patrimonio exclusivo de la derecha la defensa de la Constitución, de la integridad territorial, y de las reglas de juego. Aunque tenemos el empeño de someter la Constitución a un reforma consensuada, como en el 78, en el marco de un proceso de diálogo transversal, participación ciudadana y máxima trasparencia.
Rajoy tenía otra visión sobre la dimensión del 155 pero Pedro Sánchez concluyó que había que poner condiciones a su aplicación. De ahí su insistencia en agotar las vías de diálogo hasta el último segundo, pedir gradualidad y proporcionalidad en su ejecución, convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña, no intervenir en la tutela de los medios públicos de comunicación como TV3 y utilizar la Policia en última instancia con prudencia y máxima inteligencia. Porque son los Mossos quienes han de asumir las tareas de orden público, sin olvidar la exigencia de que la Fiscalía General actúe sin precipitación y de pasos con seguridad jurídica. Buen número de estas condiciones se han cumplido por presión del PSOE.
Los socialistas hemos afrontado la crisis de Cataluña sin escapismo y conscientes de la gravedad de un problema que afecta a un elemento esencial del Estado: su integridad territorial atacada por un proceso inédito de secesión unilateral. En esta cuestión trascendental, lo mismo que en la lucha contra el terrorismo o contra la violencia de género, el PSOE es partidario de grandes acuerdos para defender el Estado de Derecho, con la Constitución española como eje del bloque de legalidad. Y lo hacemos por encima de intereses partidistas o de cálculos electorales porque somos un Partido Socialista con vocación de gobierno y practicamos una oposición con sentido de Estado.
No olvidamos que el PP, con su estrategia irresponsable en la calle contra el Estatut de Pasqual Maragall en 2006 y luego Rajoy, con una actitud inmovilista cerrada a la negociación y con falta de visión política durante años, han dejado pudrir el conflicto. Además, han ofrecido con los casos de corrupción y sus políticas antisociales la imagen de marca más rechazable de España. Por tanto, la solución para reducir la desafección entre Cataluña y el resto de España, también pasará por desalojar al PP de La Moncloa.
Pero ni los errores del PP, ni tampoco las cargas brutales de la policia el 1-O consecuencia una estrategia de intervención equivocada, justifican en absoluto la deriva secesionista del Govern de Catalunya que ha aprobado una larga lista de actos y decisiones ilegales, atacando la Constitución, despreciando en pseudoconsultas las reglas y garantías del juego democrático , provocando la fractura de la convivencia ciudadana y daños incontables a la economía y al empleo en Cataluña.
No tenemos dudas de que Puigdemont y Junqueras con sus decisiones en favor de una independencia exprés, adoptadas en un Parlament secuestrado, han liquidado el autogobierno de Cataluña, provocado graves incertidumbres económicas y se han situado al margen de la ley, más allá del relato victimista y de ensoñación que han construido para movilizar a un 38% de la sociedad, sin importarles la frustración que van a generar. De hecho algunos ya empiezan a recular, hablando de que la DUI fue algo simbólico y de que no había apoyos suficientes para declarar la independencia. Parece una broma.
Como fuerza de la izquierda, el PSOE mantiene grandes diferencias con el PP en políticas sociales, en la defensa de las libertades, en la regeneración de las instituciones frente a la corrupción y ante la pérdida de calidad de la democracia, en la concepción de un Estado de Derecho que ha de recuperar la credibilidad y en el modelo de pais para una España federal y plurinacional. Desconfiamos de Rajoy, por supuesto, y no podíamos dejarle manos libres en un recurso excepcional y nunca aplicado como es el artículo 155 de la Constitución.
No observamos ninguna bandera propia de la izquierda en este proceso de radicalización independentista en el que, curiosamente, van juntos de la mano los representantes de esa derecha catalana de los Pujol y Mas con las fuerzas anticapitalistas y antisistema. Todas ellas han conseguido despertar el nacionalismo español y han contribuido a tapar las vergüenzas de Rajoy en materia de corrupción y de medidas antisociales en empleo, régimen laboral, pensiones públicas o dependencias.
Las elecciones convocadas para el 21D, como desea el 80% de la población, constituyen una buena decisión para acortar al máximo la vigencia del 155 aunque no son, en si mismas, una garantía para solucionar el conflicto. Pero la solución pasa por la celebración de elecciones en condiciones de libertad, máxima normalidad democrática y concurrencia de todas las fuerzas catalanas. El PSC y el PSOE ofrecen una alternativa de cara al 21D basada en los valores de la solidaridad y la cohesión territorial, la convivencia y respeto al pluralismo desde un catalanismo transversal, la cooperación y los mecanismos del federalismo para fortalecer el autogobierno. Se parte de los documentos de las llamadas Declaraciones de Granada y Barcelona, así como de lo aprobado en el reciente Congreso Federal del PSOE. Con todo ello, Miquel Iceta trabajará para obtener un Pacto de Estado para Catalunya.
Mientras, debemos aprovechar este periodo para poner en marcha la Comisión especial creada a instancias de Pedro Sánchez en el Congreso y destinada a dialogar, debatir y formular propuestas sobre las carencias y desajustes del modelo autonómico así como sobre el conflicto de Cataluña. Veremos si PDeCaT, PNV, ERC y Podemos son coherentes con la defensa hueca del diálogo y participan en dicha Comisión o hacen el boicot.
Pero lo anterior no sería suficiente si al final del camino de la Comisión del Congreso Pedro Sanchez no hubiera logrado de Rajoy, tras años de proponerlo, el compromiso de abrir los trabajos de reforma de la Constitución. Urge su reforma para blindar los derechas sociales de la ciudadanía cuestionados en los años de crisis por el Gobierno de Rajoy, combatir de manera efectiva la desigualdad creciente fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho, regenerar nuestras instituciones revitalizando una débil democracia y acoger un modelo territorial de carácter federal que reconozca el carácter plurinacional de España.
Odón Elorza, diputado del PSOE por Gipuzkoa en el Congreso.
