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El fin del campo de golf del Canal: el de las irregularidades de Aguirre y las ‘mordidas’ de González

Ignacio González y Esperanza Aguirre
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Ignacio González y Esperanza Aguirre

La instalación será demolida a mediados de 2018 tras ser declarada ilegal por irregularidades urbanisticas aunque sigue en el centro del huracán por las comisiones que cobró supuestamente Ignacio González.

martes 28 de noviembre de 2017, 14:53h

El campo de golf del Canal de Isabel II, en Chamberí, será demolido a mediados de 2018, momento en el que se empezarán a construir las nuevas instalaciones de la zona. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno. “Es un proyecto complejo y entendemos que a mediados del año próximo estará completada la demolición” ha indicado.

Con esta demolición se cierra el capítulo de un proyecto que nació en 2003 rodeado de polémica y que siempre tuvo el rechazo vecinal ya que fueron los vecinos de Chamberí –que querían que en lugar del campo de golf se construyeran parques y jardines públicos- los que emprendieron la vía judicial y los que se movilizaron durante 12 años consiguiendo que al final los tribunales les dieran la razón y declararan ilegal las instalaciones por las irregularidades urbanísticas cometidas por el Gobierno de Esperanza Aguirre durante su tramitación.

El desmantelamiento no puede hacer olvidar el quebranto económico que ha supuesto este controvertido proyecto, ya que fue uno de los proyectos estrella de Aguirre y en él se invirtieron 50 millones de euros –a lo que hay que sumar el coste de las obras de desmantelamiento, unos 300.000 euros- y tampoco el hecho de que Ignacio González cuando presidente del Canal adjudicara su gestión a la empresa Tecnoconcret, creada solo seis semanas antes, sin experiencia en el sector y entre cuyos dueños figuraba un socio de su hermano y de su cuñado, lo que según el juez que investiga el caso Lezo hizo a cambio de comisiones.

La adjudicación está siendo investigada en el marco de la Operación Lezo y según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sirvió para enriquecer los bolsillos de Ignacio González y de su entorno. El juez considera que ACS pagó comisiones a González a cambio de la adjudicación y que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su entorno se repartieron 578.000 euros tras otorgar el proyecto a la constructora de Florentino Pérez.

Ana M. Pastor

Convencida de que “la información es poder” pero no para los periodistas sino para todos los mortales, he convertido la manía de escribir noticias en mi modo de vida y de pagar facturas. “Peleada” con los números y la economía, me centro en la información nacional y de Madrid, esa que llaman “local” pero que es la que puede resultar más útil por ser la más cercana. Los problemas sociales, laborales y vecinales son mi pan de cada día. Con un objetivo: dar “cancha” a las minorías.

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