La situación de los becarios llega al Congreso de los Diputados. El pleno debate esta tarde una proposición de ley de Unidos Podemos que busca acabar con el “fraude generalizado” en las prácticas académicas universitarias externas y su “laxa regulación”, que provoca que miles de estudiantes acaben siendo explotados empresarialmente. Encadenan prácticas, en su gran mayoría, sin los derechos propios de los trabajadores y sin percibir un salario por ello. Algo que quiere atajar este grupo parlamentario con lo que ha denominado el Estatuto del Becario.
“Las prácticas en empresa, becas o stages, en lugar de favorecer la inserción laboral de estudiantes de posgrado, conlleva una serie de consecuencias que degradan el acceso de los jóvenes al empleo, dando lugar al fenómeno de los ‘becarios en fraude’”, denuncia Unidos Podemos en esta proposición de ley.
A pesar de que “la falta de control” en las prácticas externas en empresa hace imposible conocer el número real de becarios en España, este grupo se hace eco de algunos estudios europeos para estimar que habría más de 150.000 becarios. Incluso más, ya que muchos no han firmado ningún tipo de acuerdo con las empresas para las que trabajan.
El problema de los ‘becarios en fraude’ es grave, y mucho. Según advierte Unidos Podemos, su uso “como mecanismo de inserción en el mercado laboral precipita el retraso en el acceso al empleo con derechos por parte de las personas trabajadoras jóvenes con estudios universitarios”. Y es que, “se produce así una concatenación de prácticas curriculares, prácticas extracurriculares, prácticas no laborales y, finalmente, contratos laborales de formación o en prácticas, de manera que las personas trabajadoras jóvenes no realizan su inserción plena hasta pasados varios años, durante los cuales desempeñan funciones propias de una persona trabajadora pero sin derechos laborales y con contraprestaciones económicas”.
Por si fuera poco, esto también supone una “presión a la baja de los salarios del conjunto de trabajadores y trabajadoras, al tener que competir con otros sin derechos laborales ni salario”.
Ante todo esto, este grupo parlamentario propone la creación de un estatuto, el Estatuto del Becario, con rango de ley para que “quede fuera de valoraciones ideológicas de los gobiernos de turno”. Este estatuto obliga a las empresas a pagar una “retribución económica mensual” que no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional, calculado en proporción a la duración horaria de las prácticas, así como los costes de transporte y manutención.
Asimismo, la iniciativa de Unidos Podemos prohíbe la realización de un “segundo período de prácticas tras haber superado las prácticas curriculares del plan de estudios, ni se podrá realizar otro período de prácticas en la misma entidad con otro plan de estudios distinto”. Es decir, al acabar las prácticas el estudiante solo podrá continuar trabajando en esa empresa si le contrata. Nada de ampliar becas.
Otro de los puntos importantes en este estatuto es el tema de los horarios, que tendrán que ser compatibles con la actividad académica y no podrán superar las 5 horas diarias o 25 horas semanales en periodo lectivo y de 7 horas diarias o 35 horas semanales en periodo no lectivo.
Carta a los diputados
La proposición de ley de Unidos Podemos cuenta con el apoyo, entre otros, de la Oficina Precaria, que defiende desde hace varios años la creación de un Estatuto de Estudiantes en Prácticas que “proteja, mejore y dignifique la formación en empresas de las y los becarios”. De esta manera, la semana pasada envió una carta a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados en la que pidió a los grupos que respalden las prácticas “con derechos” en la votación de esta tarde.
La comunidad universitaria, el Consejo de la Juventud de España y UGT y CCOO, entre otros, también secundan esta iniciativa.
