El Gobierno «desconoce» cuántas personas tienen escolta en la Casa Real y Presidencia

Escoltas

El Gobierno «desconoce» cuántas personas tienen escolta en la Casa Real y Presidencia

A una pregunta de IU, informa de que hay 118 cargos y 28 excargos públicos que gozan de este servicio de escolta personal.

El rey Felipe VI y Mariano Rajoy.

El Gobierno del PP asegura “no disponer de información” sobre cuántas personas disfrutan de servicio de escolta en la Casa Real, en Presidencia del Gobierno o a través de la policía adscrita a las autonomías. Así lo reconoce en una solicitud de informes que en agosto registró Izquierda Unida.

La respuesta reconoce, no obstante, que “118 personalidades y cargos públicos” en activo y “28 ex cargos públicos” disponen de servicio de protección de escolta en otros ámbitos, pero se acoge a la “información clasificada” para no dar datos sobre cuántos policías o guardias civiles se dedican a estas tareas, denuncia IU.

“Este extraño reconocimiento de falta de información se incluye en la respuesta escrita que ha facilitado el Ejecutivo al diputado y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto”, explica la formación, que registró en verano la pregunta para conocer cuántos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se encuentran hoy dedicados a servicios de escolta personal.

El diputado también solicitó las cifras del número de personas que tanto “en el ejercicio de su cargo como autoridad o alto cargo público” como quienes “ya no están en el ejercicio tienen servicio de escolta personal actualmente”. Y sobre este punto el Ejecutivo sí informa de esos 144 cargos y excargos protegidos actualmente por este servicio personal.

La contestación también detalla que “en la actualidad no existe ningún servicio de protección de escolta a autoridades o cargos públicos que sea proporcionado por empresas de seguridad privada con cargos a los Presupuestos Generales del Estado”.

La formación que lidera Alberto Garzón critica que el Gobierno se acoge a determinados acuerdos del Consejo de Ministros de hace más de 30 años e incluso a normas de 1968 para no facilitar más datos, bajo la explicación de que se trata de ‘información clasificada’ al amparo de la Ley de Secretos Oficiales.

Más información