En pleno debate sobre el cierre de las centrales de carbón en nuestro país, la Comisión Europea ha anunciado esta mañana la puesta en marcha de una investigación pormenorizada para determinar si el incentivo medioambiental de España a estas instalaciones que generan electricidad a partir de un combustible fósil se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE.
El Gobierno introdujo este incentivo medioambiental hace diez años para apoyar la instalación en las centrales de carbón existentes de nuevos filtros de óxido de azufre, que reducen las emisiones de estos gases por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años.
Desde entonces, según apunta Bruselas, catorce centrales de carbón españolas han percibido más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas, “y se seguirán realizando pagos hasta 2020”.
Para el el organismo europeo, estas ayudas suponen una ventaja competitiva para las centrales de carbón frente a sus rivales, pues las instalaciones ya estaban obligadas a reducir estas emisiones en base a las normas comunitarias.
“Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente”, señala la comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, en un comunicado.
La Comisión apunta que “este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal”. “Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle”, continúa Vestager.
Según Bruselas, España no notificó esta medida para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. El organismo comunitario teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente aplicables entonces a las centrales de carbón, lo que significaría que el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador desde el punto de vista medioambiental.
“Además, el apoyo financiero podría vulnerar un principio largamente fundamentado de la legislación sobre ayudas estatales de la UE, y concretamente que los Estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente. Ello atentaría contra el principio de «quien contamina, paga» y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal respecto de otras formas de producción de electricidad y de las centrales de carbón sujetas al Derecho de la UE en otros Estados miembros de la Unión”, explica la Comisión en un comunicado.
El decreto sobre el cierre de centrales, bajo lupa
La Comisión Europea está estudiando también si el real decreto que el Gobierno quiere poner en marcha para limitar el cierre de las centrales eléctricas es compatible con las normas comunitarias en materia energética, según informó la semana pasada el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.
“Cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria y se están viendo los términos en que se puede producir el decreto definitivo para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique”, aseguró Cañete tras una reunión entre el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.
