Los API reclaman una ley que regule la intermediación inmobiliaria

Mercado inmobiliario

Los API reclaman una ley que regule la intermediación inmobiliaria

Los agentes de la propiedad inmobiliaria denuncien que de nada sirve que se proteja al ciudadano en la firma de la hipoteca si se le desampara en la compraventa de vivienda.

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El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria valora positivamente la futura ley hipotecaria pero estima que será insuficiente para la completa protección del consumidor inmobiliario “si no va vinculada a una ley sobre intermediación inmobiliaria en España, sector desregulado desde el año 2000”.

Por ello, el Consejo General API pide que la Ley de Crédito Hipotecario incluya una protección total para el consumidor a lo largo de todo el proceso de compra de la vivienda, ya que en la actual redacción sólo se amplía la protección para la firma de la hipoteca. “De nada sirve asegurar la información y transparencia en la obtención del préstamo hipotecario si se deja desamparado al ciudadano en la fase previa, en la gestión y negociación de la compraventa de la vivienda, cuando se negocian todas las condiciones y se plasman por escrito”, señala el presidente del Consejo General, Diego Galiano.

Galiano valora el Proyecto de Ley de Crédito Hipotecario y considera positiva la mejora en la transparencia y seguridad al prestatario, pero pide que este elevado nivel de protección se extienda también a la fase precontractual de la compraventa, consiguiendo así la completa seguridad y transparencia del proceso de compra de una vivienda. “Cuando un potencial comprador se sienta en la entidad bancaria en busca de su financiación para comprar la vivienda, normalmente ya ha visitado y apostado por un inmueble, ya le han fijado las condiciones de la compraventa, ya ha firmado un contrato privado y posiblemente haya entregado incluso una cantidad a cuenta”, señala. Por ello, dado que en la mayoría de las ocasiones la hipoteca está vinculada a la compra de una vivienda, afirma que “no tiene sentido que se legisle sólo sobre una parte del proceso, dejando en un vacío legal la actuación de los intermediarios inmobiliarios y el previo consenso de voluntades, que es la parte más importante de todo el proceso”.

En este sentido, y en un comunicado de prensa de los API; el vocal del Consejo General José Luis Polo, señala la importancia de regular por ley esta fase precontractual, ya que es el momento en el que se fijan todas las condiciones de la compraventa a través de un contrato privado. “Cuando una compraventa llega al notario todas las condiciones están atadas y comprometidas en una fase anterior, en la que no hay ninguna legislación y el consumidor está totalmente desprotegido”, afirma.

Por ello, considera ilógico que se legisle de forma aislada sobre la contratación del crédito hipotecario. “Es inconcebible que se asegure la trasparencia de un negocio accesorio, el crédito hipotecario, y se abandone la regulación expresa de la transparencia del negocio principal, la compraventa de la vivienda”, argumenta Polo. Como vienen denunciando los API en los últimos años, en España no existe regulación de la intermediación inmobiliaria, ni exigencias sobre la información necesaria para una compra consciente e informada: superficies reales, ITE, cargas administrativas, situación urbanística, comunidad de propietarios…

Aprender de los errores

En todo caso, respecto al proyecto de ley en tramitación, Diego Galiano considera que era “absolutamente necesario y urgente” que se aprobara una normativa que garantizara información, protección y seguridad en los contratos con las entidades bancarias, evitando además comisiones, gastos y vinculaciones obligatorias de productos que eran desproporcionadas. “No puede obviarse que los ciudadanos acuden al mercado inmobiliario e hipotecario una o dos veces en su vida, y que ese vínculo con una entidad bancaria se prolonga por decenas de años normalmente”, expone Galiano. “Es preciso que la familia o persona que vaya a endeudarse durante décadas sea plenamente consciente de lo que contrata y de los riesgos que asume, y los poderes públicos están obligados a que se les facilite información veraz, completa y unívoca. Solo de esta forma habremos aprendido de los errores del pasado”, apunta.

El presidente del Consejo General API valora positivamente las medidas que introduce el Proyecto de Ley como limitar las comisiones por cancelación, prohibir las ventas vinculadas de productos, eliminar los incentivos para la plantilla de los bancos por captar hipotecas, conversión de hipotecas variables a fijas, y endurecimiento de la cláusula de vencimiento anticipado. “Habrá luz, control, equilibrio y mucha más protección en el sector hipotecario”, señala Diego Galiano. En especial, destaca el gran aumento de la transparencia con la nueva norma, al crear un modelo tipo de hipoteca para facilitar su entendimiento por los ciudadanos, que además podrán acudir al notario siete días antes para que éste les verifique el contenido de su contrato, eliminado las posibles cláusulas abusivas.

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