La plantilla del Canal cifra en 106 millones el quebranto laboral por los “tejemanejes” de la trama Lezo

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La plantilla del Canal cifra en 106 millones el quebranto laboral por los “tejemanejes” de la trama Lezo

El juez acepta que los trabajadores formen parte de la acusación popular contra Ignacio González por el deterioro laboral que supuso la transformación del ente en sociedad anónima.

Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid

El juez que investiga el caso Lezo en la Audiencia Nacional ha aceptado que los trabajadores del Canal de Isabel II –concretamente seis empleados afiliados a CCOO– formen parte de la acusación popular contra Ignacio González por el quebranto las nóminas de la plantilla que supuso el hecho de que se transformara el ente en una sociedad nómina, una pérdidas que cifran en 106 millones de euros.

Informa elconfidencial.com que el juez ha aceptado su personación dentro de la amplia acusación popular (tras rechazar que fueran acusación particular) en la investigación contra el expresidente madrileño, que también fue presidente del Canal durante varios años. Y explica que los trabajadores, una representación simbólica de toda la plantilla (compuesta por 2.450 efectivos), han realizado un concienzudo estudio que aportaron al juzgado y en el que cifran en 106 millones de euros el quebranto que han sufrido las nóminas de todos los empleados tras la “nefasta” gestión de muchos de los imputados al frente de la mayor empresa pública de la comunidad.

El mencionado digital señala que en el escrito de d enuncia se señala que “los trabajadores del Canal venimos sufriendo desde hace años las consecuencias directas de estos gestores y de sus políticas encaminadas a la descapitalización de nuestra empresa, la privatización de los servicios y el deterioro manifiesto de nuestras condiciones de trabajo”.

Explica el medio online que “los empleados sitúan el principio de sus males en el año 2012, cuando la Comunidad de Madrid (con González de presidente del Canal) decidió convertir la empresa pública en una mercantil, Canal Gestión SA”.

Este proceso jurídico (para intentar que capital privado entrara en la compañía) desembocó en que el 1 de julio de 2012 Canal de Isabel II subrogara a todos sus trabajadores a la nueva sociedad Canal Gestión SA, respetando la mayoría de las cláusulas del convenio colectivo propio que se había firmado dos años antes, pero incluyendo una trampa: las nuevas contrataciones a partir de esa fecha estarían reguladas bajo el III Convenio Colectivo Estatal de Aguas, que suponía una merma media de los salarios del 40% para los trabajadores de nuevo ingreso. Y en la denuncia se realta que con “estas nuevas contrataciones pasaron a ser los trabajadores del sector del agua con menor remuneración en España, con un perjuicio económico acumulado medio de 4.500 euros”.

Los trabajadores señalan –siempre según elconfidencial.com– que la creación de una empresa mercantil en 2012 “supuso la expulsión de la parte social de la empresa de los órganos de control y participación”. Los empleados fueron expulsados del consejo de administración y de los tribunales de concursos y oposición. Además, se eliminaron “la comisión paritaria, la de asuntos sociales, la de agrupación social deportiva, la de traslados, la de contratación temporal, la de formación y la de seguimiento del plan de igualdad”. También supuso la reducción de horas sindicales de los representantes de los trabajadores, de 80 a 40 horas mensuales.

“El menoscabo económico de los tejemanejes de la trama Lezo, la fórmula societaria que se eligió para el Canal y la eliminación de los trabajadores de los organismos de control han supuesto un perjuicio laboral”, resume la denuncia.

Y explica que el medio online que “mientras que González y los suyos utilizaban presuntamente el Canal para el desvío de fondos públicos, diseñaron una nueva estructura jurídica para la empresa que erosionó los derechos laborales de los trabajadores y de sus nóminas. La ‘foto fija’ de los empleados se deterioró a partir de 2012. Ya habían sufrido un recorte salarial del 5% que la comunidad ejecutó siguiendo las instrucciones del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.”

Elconfidencial.com destaca que la congelación salarial se mantuvo entre los años 2013 y 2016, se amplió la jornada diaria en 30 minutos, se eliminaron aportaciones individuales de la empresa al plan de pensiones y se suspendieron en 2013, «por decretazo», complementos salariales y la póliza médica. Los trabajadores hacen un detallado resumen de sus pérdidas. En cuanto al plan de pensiones, el Canal aportaba el 5,8% del salario de cada trabajador. Dichas aportaciones fueron suspendidas el 1 de enero de 2012. También lo fue la póliza de riesgos. Otro 1,7% del salario que cubría las contingencias en caso de incapacidad y fallecimiento se eliminó.

Al igual que la póliza médica con Adeslas y el complemento de acción social. Este último eran 21,25 euros al mes que estaban destinados a compensar la supresión de ayudas sociales para compra de gafas y revisiones dentales. Se prohibió en 2012. También se amplió el horario de trabajo de 35 a 37,5 horas y se congelaron, obviamente, las revalorizaciones salariales desde enero de 2012. Todo esto sumado deja una cuenta negativa para los empleados. “Desde la creación de la sociedad mercantil en 2012 hasta diciembre de 2016, el conjunto de los trabajadores ha dejado de percibir 86 millones de euros”.

A esta cantidad habría que sumar otros 20 millones de euros si “tenemos en cuenta la diferencia entre el salario que han percibido los nuevos contratados a partir de julio de 2012, regidos por un convenio estatal de mínimos, con respecto a lo que deberían haber percibido de no haberse creado Canal Gestión». En esta situación están unos 800 trabajadores. En total, salen 106 millones de euros. “Un cálculo conservador”, según los sindicatos. En definitiva, “las condiciones de trabajo se han deteriorado de forma evidente, tanto en la pérdida salarial como en diversas medidas sociales y sindicales”.

Pero los trabajadores no solo han cuantificado las pérdidas salariales en su denuncia aportada a la Audiencia Nacional, ya que también denuncian que “la llegada de una política de gestión con nula disposición al diálogo social” conllevó que la siniestralidad laboral aumentase un 178% entre 2011 y 2015. También creció la temporalidad. De los 337 empleados eventuales que había en el año 2010 se pasó a 777 en 2016. Los sindicatos también recuerdan que dos miembros de la sección sindical de CCOO fueron sancionados con dos meses de empleo y sueldo por “aseverar una descripción de Ignacio González similar a la imagen que muestra la investigación del caso Lezo”.

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