En el último mes se incrementó en 8.031 la lista de espera en las personas que debe atender el Sistema de la Dependencia. Actualmente, casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 124.600.
Esta situación, deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención, existiendo importantes repercusiones en clave de financiación, ya que el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente, su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas. La razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos Grados bien podría estar que la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a los Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste.
La consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia. Cada día fallecen 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.
Los datos oficiales contenidos en los últimos informes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. Extrapolando estos datos, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en lo que va de año, asciende a 32.000.
