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El Gobierno convierte el Constitucional en un muro para las leyes antidesahucio y contra la pobreza energética

Manifestación de la PAH en el Congreso
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Manifestación de la PAH en el Congreso

El Ejecutivo recurrirá la ley extremeña como hizo con las normas para mejorar el acceso a la vivienda de Andalucía, Navarra, Canarias, Euskadi, Aragón, Cataluña y Valencia.

sábado 18 de noviembre de 2017, 08:00h
El Gobierno insiste en utilizar el Tribunal Constitucional (TC) para bloquear todas las leyes con las que las comunidades autónomas intentan frenar los desahucios, dar solución a los problemas de emergencia de las familias en el ámbito de la vivienda o establecer mecanismos contra la pobreza energética, una fórmula con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está paralizando todas las normas con idéntico argumento: los gobiernos autonómicos se extralimitan de sus funciones, invaden competencias estatales y vulneran la planificación general de la economía que está en manos del Estado central.

Ayer, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, anunció tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura por considerar que invade en varios de sus artículos competencias estatales. La estrategia no es nueva, ya que hace muy pocos días, a primeros del mes de noviembre, hizo lo mismo con algunos artículos de la ley valenciana por la función social de la vivienda –utilizando similares argumentos- y con un artículo de la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunidad Valenciana que recurrió por considerar que contradice la normativa estatal.

Los recursos al Constitucional, que se han sucedido durante 2015 y 2016, ya han servido para suspender todas las reformas legales que los Gobiernos autonómicos han elaborado para facilitar el acceso a la vivienda y evitar los desahucios, y prueba de ello es que el TC ha suspendido las normas aprobadas en el mismo sentido por los parlamentos de Andalucía, Navarra, Canarias, Euskadi, Aragón, y Cataluña. Por lo que es previsible que ocurra lo mismo con las leyes valencianas y extremeñas que el Gobierno de Rajoy acaba de recurrir.

El caso de la ILP de Madrid

Además, la ‘sombra’ del Constitucional también sobrevoló la Asamblea de Madrid cuando PP y Ciudadanos tumbaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid y decidieron no admitirla a trámite a pesar de que la iniciativa ciudadana venía respaldada por más de 76.000 firmas y era fruto de casi dos años de arduo trabajo por parte de sus impulsores.

La propuesta de ley –que establecía, entre otros puntos, una serie de medidas para evitar los desahucios sin alternativa de vivienda y prohibía los cortes de suministros en hogares vulnerables- finalmente no fue tramitada. Y no lo fue debido a que PP y Ciudadanos se escudaron en la postura en contra en un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia que indica que seis artículos de los 63 en total o son “inconstitucionales” o “vulneran” la competencia estatal en materia de vivienda, lo que hacía presagiar que en caso de que la ILP hubiera sido aprobada sin grandes cambios, lo más probable es que hubiera corrido la misma suerte que el resto de normas autonómicas y habría acabado en el TC, lo que hubiera sido un mal trago para Cristina Cifuentes, dado que comparte partido con Mariano Rajoy.

Sea como sea, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, se ‘puso la venda antes de la herida’ al justificar su voto en contra asegurando que “la ILP define diversos usos de la vivienda, establece obligaciones de ocupación, sanciones y esto invade el derecho de propiedad e invade la exclusiva del Estado de regular sobre el derecho de propiedad privada y la competencia estatal en materia de derecho procesal”. E indicó que según el informe del Gobierno central son “absolutamente inconstitucionales”, entre otros asuntos, la obligación de alquiler social, aspectos del contrato de compraventa y de una agencia del consumidor para casos de sobreendeudamiento.

El hecho de que los Gobiernos del PP utilicen como escudo el TC para recortar el derecho a la vivienda, que está reconocido en el artículo 47 de la Constitución, es considerado una paradoja por, Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), entidad que ha colaborado en la ILP rechazada.

Villalobos advierte que “el derecho a la vivienda es papel mojado porque la Constitución pide al legislador que le dé recorrido y ahí es donde se paraliza, ya que durante los 40 años transcurridos desde que se aprobó la Constitución el legislador ha estado mirando para otro lado”.

Ana M. Pastor

Convencida de que “la información es poder” pero no para los periodistas sino para todos los mortales, he convertido la manía de escribir noticias en mi modo de vida y de pagar facturas. “Peleada” con los números y la economía, me centro en la información nacional y de Madrid, esa que llaman “local” pero que es la que puede resultar más útil por ser la más cercana. Los problemas sociales, laborales y vecinales son mi pan de cada día. Con un objetivo: dar “cancha” a las minorías.

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