La autopista M-45 ha permitido a las tres empresas concesionarias lograr un beneficio neto -libre de impuestos- que supera en cerca de 192 millones de euros la “rentabilidad razonable” para una infraestructura de este tipo costeada con dinero público. Y esto ha sido posible “a través de lo recaudado por un canon -estimado en base al número de coches que utilizan anualmente esta carretera- en apenas seis años, entre 2010 y 2016, durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.
Las cifras las aporta hoy publico.es, y “han sido recabadas por el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid” señalando el digital que “el criterio para delimitar esta rentabilidad ha sido fijado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en sendos pronunciamientos, y hace referencia al margen de beneficio que puede embolsarse una empresa cuando cobra dinero público”.
Señalando que “según los datos del Registro Mercantil, y en base a los parámetros de los tribunales citados, Concesiones de Madrid S.A., Autopista Trados-45 S.A. y Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid S.A. –propiedad de OHL-, han obtenido una “sobre-retribución” de 192.733.732 euros sólo en los seis años sobre los que existen datos, y sin que consten los números de Autopista Trados en el último ejercicio”.
Hace notar que “en base a estas cuentas, en 2014 una de las empresas llegó a obtener un porcentaje de hasta un 49% de rentabilidad con el canon que paga anualmente la Comunidad”, cuando “entonces la rentabilidad razonable se situaba en el 5,72% según el criterio del Constitucional y el Supremo, por lo que fue sobrepasada en más de un 43%·.
Y advierte, además, que “de mantenerse la media de este margen de ganancias por encima de la rentabilidad razonable hasta 2029, cuando expira la concesión sobre dos de los tramos –el canon sobre el tramo I se prolongará hasta 2032-, en esos 13 años las concesionarias cobrarían otros 417 .589.752 euros por encima de la rentabilidad razonable, lo que supondría un total de más de 610 millones de euros si se suman los seis años que ya se han contabilizado”.
Todo esto –precisa publico.es “sin contar con que la Comunidad empezó a pagar en 2002, aunque el partido morado no haya accedido a las cifras de esos 8 años -2002-2010-, que pasarían a engordar aún más la factura final”.
El medio online recoge la opinión al respecto de Alberto Oliver, diputado y portavoz adjunto de Podemos en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, para quien “era evidente que, habiendo pagado hasta la fecha más de 1.000 millones de euros por una carretera que se licitó por menos de 300 millones, algo no iba bien”.
“Lo que demuestran los datos de rentabilidad de estas empresas”, afirma, “es que la vigilancia de la Comunidad de Madrid ha sido cuanto menos deficiente. Esta situación es la misma que tenemos en los hospitales concesionados y en metro ligero. Merecemos que quienes gobiernan hagan un uso responsable de nuestros impuestos, y esto no parece que vaya a ocurrir con Cristina Cifuentes”, apostilla.
El digital da la opinión de Podemos al respecto, formación que considera que el caso de la M-45 es un ejemplo paradigmático de esta forma de actuar de los últimos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid.
Público informa del método que ha utilizado Podemos y explica que “para abordar el cálculo de la rentabilidad razonable han seguido el procedimiento del Banco de España, utilizando el resultado empresarial después de amortizaciones e intereses, y antes de impuestos (RAI), extraído de las cuentas de resultados de las concesionarias”.
Indica que para calcular la rentabilidad razonable también hay que tener en cuenta la media de los tipos de interés de los bonos a 10 años. En base a estas cuentas, el récord de ganancias por encima de lo “razonable” lo ostenta Concesiones Madrid S.A.: en 2014, aceptando los márgenes de la rentabilidad razonable, se habría embolsado algo más de 5.300.000 euros, aunque finalmente recaudó casi 40 millones.
Y recuerda que, pese a que la M-45 apenas mide 36,6 kilómetros, y de que inicialmente estaba presupuestada en 289,6 millones de euros, acabará costando cerca de 2.000 millones, según la estimación que dio en septiembre exjefe del Área de Concesiones en la Dirección General de Carreteras durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón. Unas cuentas sobre las que los representantes de Podemos son menos optimistas, ya que apuntan a que esta cifra estaría mucho más cerca de los 3.000 millones de euros.
