Casi 200 policías nacionales y guardias civiles siguen escoltando a personalidades o ex altos cargos que no desarrollan actualmente actividad vinculada a funciones públicas. Y en dos casos, además, el servicio se presta con vehículos de alta gama cuyo coste también corre por cuenta del Estado, según informa el independiente.com.
El digital que dirige Casimiro García-Abadillo explica que los datos los ha reconocido el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita formulada por los diputados del PSOE en el Congreso David Serrada y Antonio Trevín (éste ya renunció a su acta) el pasado 13 de julio, días después de que eldiario,es desvelara que José Manuel Soria mantenía una escolta formada por ocho policías y dos coches más de un año después de verse forzado a dimitir como ministro de Industria, Energía y Turismo al conocerse su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales. Y recuerda que como informó el citado periódico, Soria también contaba con vigilancia estática de su chalé, ubicado en una zona residencial de Las Palmas de Gran Canaria.
“Invocar como un mantra sin más explicaciones razones de seguridad, igual en todos los casos, ya no es creíble ni asumible por los ciudadanos y ni tan siquiera por los miembros de unos cuerpos de seguridad del Estado que ven cómo se traen recursos personales sin justificación y que los sindicatos que les representan denuncian públicamente”, exponía el PSOE en su iniciativa.
En su respuesta, según elindependiente.com, el Ejecutivo detalla que son 123 policías nacionales y 15 guardias civiles los que prestan servicio de escolta a personalidades o ex altos cargos y 35 guardias civiles y 15 policías nacionales los que realizan funciones de seguridad estática en domicilios de antiguos cargos públicos. La dotación se completa con cuatro guardias civiles y cuatro policías nacionales que protegen a familiares de personalidades o representantes públicos.
El Gobierno precisa que la Guardia Civil realiza esta labor “en vehículos de características acordes al servicio a prestar y al lugar” en el que se desarrolla y que la Policía Nacional dispone de dos vehículos de alta gama adscritos al servicio de ex cargos públicos, sin que se haya externalizado esta función de seguridad a empresas privadas. “Ningún familiar de personalidades o cargos públicos, ni tampoco de ex cargos públicos, dispone de vehículo oficial ni de conductor”, añade.
La prestación de servicios de protección de personas está regulada mediante una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2012, que vino a actualizar otra de 1997 a la vista de la disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA y en consecuencia la reducción de la amenaza para muchos altos cargos. Se trataba, “sin merma para la seguridad”, de optimizar “la utilización de los recursos públicos” a fin de que este servicio de protección se proporcionara solamente “a quien realmente lo requiera” y reducir así el “catálogo de autoridades” con estas medidas adicionales.
En respuesta al PSOE, el Ejecutivo recuerda que, para velar por los objetivos antes mencionados, se creó la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- para determinar qué cargos públicos deben contar con este servicio, el tiempo, la modalidad de protección y los medios humanos y materiales a emplear, así como la decisión de alzar esta medida tras cesar en la actividad pública “previa evaluación individualizada del nivel de riesgo”.
“Esta evaluación objetiva se revisa cada seis meses, o cuando las circunstancias lo exijan, para adaptar el servicio a las necesidades reales de protección o para que la Comisión de Coordinación, si lo considera adecuado, acuerde la retirada de dicha protección”, añade el Gobierno.
