El mantenimiento de las instalaciones de la plataforma de extracción de gas de Castor cuesta a las arcas del Estado unos 15,7 millones de euros al año, según ha informado el propio Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el coportavoz de Equo, el diputado Juatxo López de Uralde.
Este proyecto de extracción de gas, instalado en el Mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón y Tarragona, fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2008 y comenzó a funcionar ya bajo mandato de Mariano Rajoy en 2012. Sin embargo, su actividad tuvo que suspenderse un año más tarde, después de que la zona en la que se situaba registrara una serie de seísmos, según recuerda Europa Press.
Según un cálculo de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de hace unos meses, los consumidores de gas pagaron el año pasado en sus recibos más de 80 millones de euros por la deuda asociada a la indemnización por el cierre del almacén subterráneo Castor, de los que más de 57 millones fueron intereses.
Pero la factura que habrá que asumir en los próximos 29 años aún es mucho mayor: quedan 4.650 millones, según los cálculos de 2014 por de OCU, que irán a parar a manos de los bancos titulares de los derechos de cobro de la compensación.
Las instalaciones están en hibernación desde entonces, siendo Enagás Transporte S.A.U. la sociedad responsable de su mantenimiento en condiciones seguras. Pero, según explica el Ejecutivo, a cambio recibe de las arcas públicas una compensación por los costes incurridos en la ejecución de tales funciones. Además, también le corresponde «la realización de estudios necesarios sobre la seguridad» de la plataforma.
Para López de Uralde, esta información facilitada por el Gobierno demuestra que Castor «es un pozo sin fondo» para el erario público. «Todo ese dinero debería estar gastándose en impulsar la transición energética basada en fuentes limpias y renovables, en vez de mantener una estructura que no va a servir de nada ya», ha denunciado.
La infraestructura nunca ha llegado a estar operativa como almacén. Antes de que pudiera utilizarse como tal, los expertos relacionaron el proyecto con más de 500 seísmos que se registraron en 2013 en el entorno de las costas de Vinaròs (Castellón), donde está ubicado. Entonces el Gobierno decidió pagar a la concesionaria Escal UGS, participada en un 66% por ACS, presidida por Florentino Pérez, los 1.350 millones en los que se ha valorado la inversión y realizar al mantenimiento.
