El grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en contra de la denegación por parte de la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, de documentos sobre el Canal de Isabel II.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso EL BOLETIN, tanto la Mesa como los Portavoces de la comisión de investigación en la cámara regional solicitaron al Ejecutivo del PP documentación sobre la empresa pública de aguas y filiales como Canal Gestión y Extensia. Estos documentos tenían interés para tal comisión por el estudio de las posibles responsabilidades políticas que emanan de la operación Lezo, que investiga una presunta red corrupta en torno al Canal de Isabel II, y que mantiene en prisión provisional al predecesor de Cifuentes, Ignacio González.
Entre los 35 documentos que el grupo enumera haber solicitado, también figuran copias de contratos de Inassa, la filial sudamericana del Canal y uno de las claves de un presunto desfalco millonario en su compra, según los tribunales; copias de acuerdos de accionistas o de transferencias desde el Canal a bancos radicados en Panamá.
También figuran copias de contratos y de la asamblea de Inassa donde debería figurar el cese y la indemnización de Edmundo Rodríguez Sobrino, el que fuese el hombre fuerte de González en el Canal, en su división latinoamericana, y que también permanece en prisión por la misma trama.
La querella recuerda que las peticiones se formularon el 8 de mayo, pero la respuesta del equipo de Cifuentes, que llegó el 7 de junio, señalaba “que la documentación solicitada no se facilitará por tratarse de una documentación de carácter reservado, en tanto no se decrete la apertura del juicio oral, al constar en unas diligencias sumariales en curso”.
Justo al día siguiente, según el recurso de Podemos, la Mesa de la Asamblea recibió una solicitud de amparo de los demandantes de la documentación instando a Cifuentes a remitirles la información. Basándose en el criterio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional vuelve a denegar los documentos.
La comisión de investigación preguntó entonces a los servicios jurídicos de la Asamblea. Este tira y afloja, según la cronología que describe Podemos en su recurso, no acabó con la entrega de los documentos, lo que motiva el traslado de la denuncia hasta el alto tribunal madrileño.
