Hoy se cumplen cuatro años de la venta de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales de la Comunidad de Madrid al ‘fondo buitre’ Goldman Sachs, a través de su filial Encasa Cibeles, cuatro años en los que, según la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI): “la situación de las 2.935 familias afectadas no ha hecho más que degradarse y empeorar, en un lento y fatídico calvario deliberadamente ignorado por el Gobierno regional”.
La AVVI recuerda que “en este tiempo, muchas de ellas se han visto obligadas a dejar aquellos pisos públicos que en su día recibieron como la culminación de un sueño, ante el abandono de Encasa Cibeles o al perder las ayudas al alquiler para moradores de vivienda pública”, aunque destaca que “sin embargo, la mayoría sigue resistiendo en sus casas a pesar de las innumerables presiones del fondo de inversión para que las abandonen, y no están dispuestas a cejar en una lucha que persigue, en última instancia, la reversión de la operación de venta organizada por el Ejecutivo autonómico y la reparación de los afectados por el terrible daño causado en todos estos años”.
“Las familias están recibiendo todo tipo de presiones por parte de Encasa Cibeles mientras la Comunidad de Madrid mira para otro lado, con el argumento simplista de que la responsabilidad es de un Gobierno anterior, y no del actual” se queja dicha asociación, que pregunta en un comunicado: ¿A quién hemos de pedir amparo entonces, más allá de los jueces?»
Dicha asociación de afectados que ha mantenido viva la llama de esta lucha en estos largos cuatro años, asegura que Encasa en estos momentos “está enviando cartas a familias en las que comunica que deben abandonar su domicilio ante la conclusión de su contrato de alquiler, para después mandar a sus mediadores a hacerles una visita. En ella, estos invitan a la familia afectada a que lleve la carta de aviso a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para tener más posibilidades de obtener una vivienda de alquiler social” por alertando que “están tratando de colgar el muerto al Ayuntamiento de Madrid, y todo con la complicidad de la Comunidad de Madrid”.
En el cuarto aniversario de su lucha, la AVVI, denuncia también la lentitud de la justicia y la falta de colaboración e incluso el bloqueo de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Hacienda en este caso, lo que está haciendo que se prolongue mucho más de lo razonable.
“Desde diciembre del año pasado esperamos un informe judicial que determine el coste real de la operación de venta, una demora inaudita que ha motivado la ampliación de la instrucción 18 meses más” se queja la entidad ciudadana, que anuncia nuevas movilizaciones para las próximas semanas, como continuación de las cinco concentraciones que ha realizado en el segundo trimestre de este año, ante el Gobierno regional para exigir “justicia y reparación”,
En el plano judicial, explican que aún permanecen abiertos un proceso penal y cinco procesos contencioso administrativos (tres colectivos y dos individuales). Mientras, recuerdan que la causa penal, que se encuentra el Tribunal de Instrucción número 48 de Madrid, precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez, como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado.
