Cataluña y el artículo 155 de la Constitución pueden (mediáticamente hablando) con todo. La correspondencia que esta semana han mantenido Mariano Rajoy y Carles Puigdemont ha tapado lo que ha sido una nueva semana negra del PP ante las últimas novedades en casos como la Púnica o Imelsa. La decisión del Supremo de abrir causa a la senadora Pilar Barreiro o la citación a declarar como imputada este lunes a la tesorera del partido han despertado viejos fantasmas en Génova.
La corrupción ha vuelto a llamar a la puerta de los populares, aunque esta vez el ‘ruido’ que existe en torno al desafío secesionista ha provocado que haya pasado desapercibido. Esta semana se ha conocido, entre otras cosas, que Carmen Navarro¸ tesorera del PP, declara este lunes en calidad de investigada (anteriormente imputada) en la pieza del caso Imelsa en torno a la financiación de las campañas electorales del Partido Popular de Valencia, donde se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales, amaños en contratos públicos, blanqueo de capitales y delito electoral.
Pero aquí no quedan las malas noticias para los de Mariano Rajoy. El Supremo acordó el martes abrir causa contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho en el marco de la Púnica.
En medio de todo esto nombres como el de Francisco Granados volvieron a la palestra. Este último ha pedido al instructor de la Púnica que cite como investigados por la financiación ilegal del PP de Madrid a la plana mayor del partido. Granados quiere que declaren la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes, así como el recientemente elegido senador Jaime González Taboada, o el ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Incluso, el propio Ignacio González, que se encuentra en prisión por la trama Lezo, y la exconsejera de Educación Lucía Fígar.
Granados sostiene, según El País, que Cifuentes era la responsable de movilización de la campaña electoral del PP de Madrid en 2007, y secretaria de política territorial entre 2004 y 2008, y su declaración “es imprescindible”.
Esperanza Aguirre también ha sido noticia esta semana, ya que revalidó por tercera vez su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid en 2011 gracias a una campaña que contó con 1,5 millones de euros procedentes de una caja b.
Así aparece en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, publicado por La Vanguardia, que los agentes entregaron al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dentro de la operación Púnica. En él se recoge la existencia de un archivo contable denominado ‘Día a día’, que le fue intervenido al extesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, en el contexto de las autonómicas de 2011.
En él aparecen proveedores y pagos pendientes del partido, y asignaciones “inherentes a una caja b en dinero efectivo”. Los agentes, según el mencionado medio, detallan en el informe la división de gastos y pagos en cuatro apartados: la columna A para campañas regionales, la M para municipales, una P para los gastos que se tramitan desde la cuenta formal del PP de Madrid, y la C, para abonos realizados desde una contabilidad de caja b a disposición de los populares en Madrid.
En ese apartado aparecen proveedores como Almagro (Laboratorio de Almagro 36 SL), uno de los principales proveedores del partido en la campaña, o Troyano, empresa del investigado Óscar Sánchez Moyano.
La investigación apunta a que el PP de Madrid simuló pagar gastos de campaña bajo la máscara de gastos habituales, burlando así tanto el control del Tribunal de Cuentas como el límite que éste establece a los gastos máximos que una formación puede hacer para sufragar una campaña electoral.
La UCO cifra en algo más de un millón y medio de euros en metálico lo que el PP escondía aquel año, calificándolo de “dinero de procedencia desconocida para sufragar gastos de campaña en las elecciones de 2011”.
Y ante todo esto el PP sigue como si nada. El pasado miércoles, en la habitual sesión de control al Gobierno en el Congreso, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, preguntó a Mariano Rajoy por el Gürtel, algo ante lo que el jefe del Ejecutivo recurrió de nuevo a los supuestos vínculos de la formación morada con Irán y Venezuela, pese a que la justicia lo ha negado en varias ocasiones. Es más, censuró la actitud de Iglesias y de su partido respecto a este asunto afirmando que “la Inquisición ha vuelto con fuerza”. Rajoy hizo suyo el lema ‘un ataque es la mejor defensa’ y en los asuntos de corrupción, más aún.
