Las denuncias por delitos fiscales se han desplomado en los últimos años. Así lo señalan los Técnicos de Hacienda (Gestha), que destacan que el número de denuncias se ha reducido notablemente desde 2005. Ese año se registraron 793, aunque fue en 2011 cuando se tocó techo con 1.014 denuncias. Desde ese momento se han reducido hasta las 341 de 2015. Unos datos que, según este colectivo, se deben a la “poca eficacia” con la que actúa la Agencia Tributaria (AEAT).
Los Técnicos de Hacienda achacan la caída de los delitos fiscales descubiertos a la decisión de la dirección de la AEAT de “ordenar investigaciones parciales y rápidas” y a que “las normas internas” impiden a la plantilla de la agencia a “continuar investigando los expedientes en el momento en que el fraude descubierto supera los 120.000 euros, delimitador del delito, al calificar estas investigaciones como ‘una causa sobrevenida de especial dificultad’”.
Esto supone, explica Gestha en un comunicado, que las investigaciones “pasan a manos de los jefes de equipo, quienes al desconocer los expedientes suelen demorar los plazos de resolución, frenando bruscamente el número de denuncias”.
Ante esta situación este colectivo reclama que los organismos públicos “no se encuentren tan jerarquizados, de modo que el poder de decisión esté repartido y compartido por más funcionarios para que sean menos permeables a las injerencias políticas o económicas”. Y es que estos técnicos, a pesar de ser actualmente el principal colectivo de la AEAT, de la Intervención General del Estado y del Ministerio de Hacienda, tienen “las manos atadas contra el fraude por normas internas que acaban por perjudicar al erario público”.
Blindar a los confidentes
Además de estas reclamaciones, los Técnicos del Ministerio de Hacienda abogan por blindar legalmente la seguridad jurídica de los confidentes de delitos fiscales, y no pagar los “chivatazos”, tal y como propuso este jueves los Inspectores de Hacienda. Según Gestha, esto podría fomentar “posibles extorsiones para no ser denunciados”, así como “menoscabar la intimidad del investigado y la debida protección de sus datos”.
La ley, continúa este colectivo, “debe garantizar a los confidentes fiscales su indemnidad penal, laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios, lo que es muy distinto a pagar unas cantidades indeterminadas por la denuncia a la que está obligado en España cualquier ciudadano que tenga conocimiento de cualquier hecho delictivo”.
“Pagar por sustituir la acción de la AEAT no es correcto, ni está en línea con la política marcada desde la Unión Europea en relación a la protección jurídica de los confidentes”, sostienen los técnicos.
Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “una administración tributaria moderna no puede ser reactiva y esperar a que lleguen informaciones confidenciales sobre casos de fraude, como los de las cuentas opacas del HSBC en Suiza, las multinacionales del Lux-Leaks, los papeles de Panamá o Fútbol Leaks”. “Llevar la iniciativa”, apunta, “pasa por poner en marcha un plan de lucha contra el fraude eficaz que cambie los objetivos y la estructura de la Administración Tributaria actual, desplazando la investigación de particulares, microempresarios y pymes hacia los grupos empresariales, multinacionales y personas con altos ingresos y grandes fortunas”. Algo para lo que piden aumentar las competencias investigadoras y recaudatorias a los técnicos de Hacienda.
