En unas conclusiones inusualmente extensas para un informe del Tribunal de Cuentas, el fiscalizador detecta que hubo “un reparto previo” de los fondos públicos para la prevención de riesgos laborales entre la patronal española CEOE y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. El informe de “Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales” para el ejercicio de 2015 deja constancia de que las tres entidades organizaron no respetaron la legalidad a la hora de decidir a dónde iban estas subvenciones.
En unas conclusiones inusualmente extensas para un informe del Tribunal de Cuentas, el fiscalizador detecta que hubo “un reparto previo” de los fondos públicos para la prevención de riesgos laborales entre la patronal española CEOE y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. El informe de “Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales” para el ejercicio de 2015 deja constancia de que las tres entidades organizaron no respetaron la legalidad a la hora de decidir a dónde iban estas subvenciones.
Entre muchas otras irregularidades, el tribunal que dirige Ramón Álvarez de Miranda reserva un apartado para la responsabilidad de los sindicatos y la patronal como miembros de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que es el órgano encargado de conceder estas ayudas.
El análisis de las cuentas de 2015 revela que todas las peticiones de estas tres entidades fueron atendidas con financiación a cargo de esta Fundación, y la suma de todas las subvenciones que recibieron se corresponde con el presupuesto total para los programas de prevención de riesgos en el trabajo.
Por otro lado, el Tribunal defiende que dentro de la llamada “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2016”, dotada con casi 10,8 millones de euros, las ayudas “no se concedieron atendiendo a los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la LGS (Ley General de Subvenciones)”, puesto que sólo podían ser beneficiarios los mismos patronos que concedían las ayudas.
“Cabe cuestionarse que las subvenciones se concedieran atendiendo a los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación, en tanto que en las bases reguladoras se estableció que únicamente podían ser beneficiarios de estas subvenciones los agentes sociales que cumpliesen determinados requisitos”, manifiesta el informe sobre este sistema regulado para la “autocontratación”, y que el Tribunal rechaza como válido.
Sin evaluación de resultados
Además de organizar el reparto previo de las ayudas e impedir la libre concurrencia, el informe lamenta que “no puede evaluarse si los fondos públicos destinados a financiar estas acciones han tenido alguna incidencia ni por sectores, ni por territorios, ni por acciones”, tampoco en el ámbito “de las causas de la siniestralidad en el trabajo”.
El Tribunal recoge que “ni los planes de necesidades, ni las convocatorias, ni sus guías contemplaron, de manera global para cada convocatoria ni de forma individual para cada acción o proyecto, unos criterios o normas de valoración de los resultados obtenidos en la ejecución de las acciones, ni tampoco incluyeron indicadores que permitieran determinar el grado de cumplimiento de los objetivos que se pretendían obtener” con cada tipo de acción sufragada a cargo de esta Fundación para la prevención de riesgos laborales.
Este órgano concede ayudas tanto para acciones sectoriales en la materia como a nivel territorial, y se decidían en las Comunidades Autónomas hasta hace cuatro años, cuando fueron sustituidas por acciones “transversales” por la vulneración de regímenes competenciales.
Pero el informe del fiscalizador entiende que los fondos se han seguido distribuyendo de la misma forma y proporción, lo que además de favorecer a los patronos ha excluido a otras organizaciones hipotéticamente beneficiarias de las ayudas.
