El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social eléctrico y que incluye la prohibición del corte de suministro a los consumidores vulnerables severos atendidos por los servicios sociales. La normativa definitiva ha tardado casi diez meses en ver el visto bueno, desde que el Gobierno anunciara una nueva regulación de la ayuda para el pago del recibo de la luz.
Los descuentos previstos se sitúan ente el 25% y el 40%, en función de la vulnerabilidad de los consumidores. Tendrán una rebaja del 25% aquellos consumidores que tengan “cuya renta anual de la unidad familiar sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar”. Habrá que esperar a la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocer los umbrales, pero según el borrador presentado hace unos meses, podrían acogerse, por ejemplo, los hogares sin ningún menor a cargo con una renta anual menor a 9.600 euros.
Se amplía al 40% para los consumidores vulnerables severos, que serán aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.
Además, se refuerza la protección de los consumidores ante los cortes de suministro. Se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago. “Así será posible actuar con mayor eficacia en la detección de los casos donde deban adoptarse medidas de política social para atender a los hogares en peor situación”, señala el Ministerio de Energía en una nota.
“Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social. Aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura, debido a su especial protección, serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social”, añade.
Casi diez meses después
La muerte en un incendio de una anciana en Reus a la que habían cortado el suministro llevó al PSOE y al Gobierno a pactar una prohibición de la paralización del suministro por impago en casos extremos. Días más tarde el consejo de Ministros aprobó un decreto para reforzar la protección de los consumidores vulnerables, que obtuvo el respaldo del Congreso con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos a finales de enero.
El documento inició entonces su tramitación y su borrador fue presentado por el Ministerio de Energía en mayo. En este tiempo ha pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha remitido un informe para dar su visto bueno.
Así, la normativa que se presumía urgente ha tardado más de nueve meses en entrar en vigor. Lo hará cuando se publique en el BOE, momento en que los consumidores podrán empezar de forma inmediata a solicitarlo.
