Los sindicatos UGT y CCOO denuncian que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), uno de los centros más relevantes y buque insignia de la investigación del cáncer en España, se está planteando la no renovación de 87 trabajadores antes de acabar el año, y de 47 más a lo largo de 2018.
“Es decir, un total de 134 trabajadores”, denuncian. “La consecuencia, además del drama humano por la pérdida del trabajo y de la imposibilidad de continuar desarrollando un proyecto científico en marcha, es que los proyectos de investigación se ralenticen o se paralicen”.
Las plataformas sindicales critican que en algunos casos llegan a desaparecer grupos completos de investigación, y en otros muchos los equipos quedan muy mermados de personal, con una repercusión directa en cualquier avance que pueda dar lugar a nuevas terapias contra el cáncer.
Además, la imposibilidad de desarrollar los proyectos de investigación impedirá la obtención de fondos para la realización de proyectos futuros. “Es decir, se acabó la ciencia para muchos investigadores en España”, denuncian los sindicatos en un comunicado conjunto.
El problema reside en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que en su Disposición Adicional 16 prohíbe la contratación de personal temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Y en su Disposición Adicional 34, además, prohíbe la concatenación de contratos temporales y establece como garantes de su cumplimiento a los responsables de contratación de los centros públicos, especialmente cuando “pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo”, a la vez que prohíbe la conversión a contrato indefinido de los contratos temporales, salvo sentencia judicial.
Por otro lado, el CNIO, como Fundación del sector público, al igual que otros muchos centros y fundaciones de investigación tiene restringida la contratación indefinida desde el 2012. “Por tanto esta medida impide renovar muchos contratos temporales al no poder ser formalizados de manera legal, provocando la pérdida de puestos de trabajo”.
Los sindicatos recuerdan venir denunciando esta situación desde hace más de un lustro, y que “el gobierno se ha negado a solucionar”.
“La contratación indefinida para el personal investigador altamente cualificado y difícilmente sustituible a corto y medio plazo es una lucha de muchos años, por la que se lleva batallando tanto desde los propios centros implicados, como desde los sindicatos y cuya negativa tiene ahora consecuencias dramáticas, llegando a comprometer o incluso truncar el futuro de la ciencia y la investigación”.
